El reciente oficio enviado por el congresista Edward Málaga Trillo al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, abrió un nuevo frente en el debate sobre la conservación del patrimonio arqueológico en Lima. La carta, fechada en septiembre, solicita información precisa sobre la nulidad de las autorizaciones que permitían las excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga, proyectos a cargo de Prolima dentro del Plan Maestro del Centro Histórico.
El parlamentario expresa su inquietud frente a la decisión ministerial de detener las investigaciones, decisión que, según versiones oficiales, respondería a criterios de seguridad por la cercanía con Palacio de Gobierno. “Estos vestigios del siglo XVI y XVII representan un legado invaluable para la identidad cultural del país, y su paralización podría ocasionar daños irreparables”, señala Málaga Trillo en el oficio.
El pedido de explicaciones no solo apunta a conocer las razones técnicas, legales o administrativas que motivaron la nulidad de los permisos, sino también a esclarecer si existió una orden directa desde Palacio. La intervención del Congreso se suma a las voces que alertan sobre los riesgos que implica cubrir estructuras ya excavadas, donde Prolima identificó problemas de humedad, acumulación de sales y eventual pérdida de elementos arquitectónicos.
Más allá de lo patrimonial, el congresista advierte sobre efectos colaterales: la suspensión de las excavaciones compromete proyectos relacionados con el río Rímac y la recuperación de espacios públicos, como la Alameda Chabuca Granda, donde confluyen inversiones, contrataciones de especialistas y convenios con universidades.
Oficio con requerimientos detallados
El documento remitido por Málaga Trillo exige al Ministerio de Cultura un informe completo. Solicita copias de actas e informes técnicos, la lista de especialistas que evaluaron el caso, los cronogramas de visitas y un análisis de los riesgos detectados durante las excavaciones. Además, pide precisar cómo la anulación afectará los planes futuros de conservación de los monumentos y el monitoreo de los mismos.
El parlamentario también demanda que se aclare la relación entre la decisión del Ministerio y el Gabinete Político, pues, según escribe, “es imprescindible conocer el contexto de esta medida y las acciones legales o administrativas que estén en curso”. En esa línea, pregunta si se evaluó el impacto presupuestal que tendrá la paralización en proyectos de envergadura como el del Paisajismo del río Rímac, el Arco Triunfal de ingreso a Lima o la Nueva Alameda Chabuca Granda.
La decisión de Palacio y el choque de competencias
La controversia se originó cuando el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de un pedido de la Secretaría de Seguridad de Palacio de Gobierno, declaró nulas las resoluciones que permitían a Prolima ejecutar el “Proyecto de investigación arqueológica, conservación y puesta en valor de las Portadas, Baluartes y Tajamares de la Muralla de Lima”.
El informe de Palacio advertía que las excavaciones reducían el ancho de la vía a seis metros, complicando el tránsito y generando vulnerabilidades durante eventos oficiales. También subrayaba que las obras se desarrollaban dentro del perímetro de seguridad presidencial, delimitado en 500 metros y considerado crítico por la Policía Nacional.
Ante ello, el Ministerio de Cultura argumentó que su competencia no incluye la evaluación de riesgos de seguridad y que, al recibir los informes de Palacio y la Policía, estaba obligado a aplicar la nulidad según lo estipulado en el artículo 10 de la Ley N° 27444.
Para los equipos de Prolima, la orden de paralizar en un plazo de quince días significó una interrupción inesperada. Las excavaciones en la Alameda Chabuca Granda y sectores adyacentes buscaban rescatar restos de los siglos XVI y XVII, claves para comprender la fundación y la defensa de Lima. Tapar estas estructuras sin un plan alternativo, advierten los especialistas, pondría en riesgo su integridad.
El congresista Málaga Trillo destacó que la conservación no puede subordinarse sin un análisis integral: “Se requiere conocer qué medidas adoptará el Ministerio de Cultura para garantizar la protección de los hallazgos y evitar su deterioro”. La incertidumbre sobre el futuro de los proyectos arqueológicos ha generado preocupación en la comunidad académica y en instituciones culturales vinculadas a las investigaciones.
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