El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, defendió la reciente decisión que deja sin efecto parte del permiso de excavación arqueológica concedido a Prolima en las cercanías de Palacio de Gobierno, tras una resolución emitida a solicitud de la Secretaría de Seguridad del recinto presidencial. Según el titular del ministerio, la medida solo afecta una pequeña fracción del área autorizada y está fundada en consideraciones de seguridad identificadas por la dependencia responsable.
“La Secretaría de Seguridad de Palacio de Gobierno, ente competente en aplicación del ROF, ha determinado que estas excavaciones ponen en seguridad a Palacio de Gobierno”, explicó Valencia ante la consulta periodística. Añadió que la anulación alcanza a solo 600 metros cuadrados de los cincuenta mil originalmente aprobados para Prolima, lo que representa “una pequeñísima fracción, menos del dos por ciento del área total habilitada”.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la declaración del funcionario, la decisión no supone una cancelación integral sino parcial del permiso otorgado al Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima). El ministro consideró relevante precisar que el permiso general tenía vigencia hasta el 31 de octubre y que la nulidad se aplica cuando restan menos de dos meses del plazo autorizado: “De 24 meses que tuvo Prolima para excavar, se está declarando nulo menos del dos por ciento del área, faltando poco para el vencimiento del permiso”.

Controversia entre Prolima y PCM
La controversia entre el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Municipalidad de Lima se agudizó tras la notificación de nulidad. El subgerente de operaciones de Prolima, Carlos Vega, afirmó que la medida responde a un pedido del Ejecutivo basado en argumentos de seguridad para la presidenta Dina Boluarte. “Nos notificaron la nulidad de oficio de las autorizaciones y nos ordenan cerrar y tapar las excavaciones en un plazo de 15 días, lo que atenta directamente contra el patrimonio cultural”, manifestó Vega.
PUBLICIDAD
La resolución orienta la suspensión de trabajos y la cobertura de las áreas intervenidas con triplay y césped. Según distintos expertos arqueológicos tal procedimiento podría provocar humedad y dañar los vestigios hallados, muchos de ellos correspondientes a estructuras coloniales y prehispánicas, consideradas piezas fundamentales del patrimonio de la capital peruana.
El ministro Fabricio Valencia, por su parte, minimizó el impacto, al asegurar que toda excavación arqueológica, al término de una intervención autorizada, implica siempre el tapado de la zona explorada. El titular de Cultura subrayó: “Es faltar a la verdad decir que los vestigios arqueológicos encontrados deben quedarse expuestos; cualquier estudiante de arqueología sabe que tienen que ser cubiertos”.
PUBLICIDAD

Las razones para la anulación de exploración
La Secretaría de Seguridad de Palacio de Gobierno fundamenta su reclamo en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que le atribuye capacidad para identificar y prevenir cualquier riesgo que afecte las instalaciones presidenciales. Según documentos oficiales, la suspensión se justifica por la presunta afectación a la seguridad del Ejecutivo, al encontrarse las excavaciones en el área inmediata a Palacio. Se cita el precedente de atentados y hallazgos de armas en las inmediaciones en años pasados, argumentos recogidos por la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el hábeas corpus presentado ante la justicia.

El informe de la PCM indica que las obras han empañado los protocolos de defensa y evacuación al obstaculizar la cochera principal del Palacio y restringir los accesos por el jirón Trujillo y la avenida Tacna. Además, advierte que la reconstrucción del Arco de Piedra representaría un punto vulnerable de cara a potenciales ataques, citando antecedentes como el intento de ataque con mortero en 1987 y el hallazgo de armamento en 2014.
PUBLICIDAD

La respuesta de Prolima
Desde Prolima, el equipo de arqueólogos sostiene que las excavaciones no interfieren con el tránsito o los accesos a Palacio y recalca que fue presentado un plan para no comprometer la movilidad vehicular ni peatonal. La Municipalidad de Lima ha anunciado que usará todas las vías legales posibles para evitar que se pierdan los hallazgos recientes y lograr la continuidad del proyecto arqueológico. Entre los descubrimientos más importantes sobresalen restos del arco del antiguo puente a Rímac, el molino de Aliaga —uno de los más antiguos de la capital—, y fundaciones de edificaciones virreinales.

El Ministerio de Cultura enfatiza que la anulación parcial del permiso se basa únicamente en criterios de seguridad y no afecta el conjunto del proyecto “Lima Antigua” impulsado por Prolima. Fabricio Valencia reiteró: “Si no manejamos las cifras, incurrimos en error. Prolima ha intervenido más de cincuenta mil metros cuadrados y este acto solo afecta a seiscientos metros cuadrados”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Clima en Huancayo: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada de este día está cargado con varios compromisos en el ámbito europeo y también americano con presencia de jugadores peruanos

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 12 de agosto de 2026
El país supera el umbral de los quinientos sismos en lo que va del año, mientras expertos y organismos oficiales insisten en la importancia de la mochila de emergencia y los simulacros familiares

Denuncian que fichaje de Jorge Gutiérrez por Universitario sería “irregular”: su agente evalúa demanda ante la FIFA
La versión del representante sostiene que el caso se originó en el ingreso de un intermediario no oficial y en la falta de un canal reconocido con la representación del jugador durante la transferencia

Exministra de Educación exige al gobierno de Keiko Fujimori detener la violencia sexual contra niñas awajún y wampis
Patricia Correa advirtió que las denuncias se acumulan desde el año 2000 y respaldó una carta que plantea atención en salud, educación y justicia, además de recursos específicos para 2027



