La publicación de la Ley 32446 en el diario oficial El Peruano representa la incorporación del delito de criminalidad sistemática al Código Penal de Perú. La nueva norma, firmada por el presidente del Congreso de la República, José Jerí, y la presidenta de la República, Dina Boluarte, introduce el artículo 318-B, que endurece las sanciones para quienes participen en grupos armados que ejecutan delitos graves.
De acuerdo con el texto difundido por El Peruano, el artículo 318-B señala que aquellas personas que utilicen municiones, armas de fuego de uso militar o civil, artefactos explosivos u otros elementos de similar naturaleza para cometer secuestros, extorsiones, sicariato, homicidio calificado o robo agravado serán condenadas por el nuevo delito de criminalidad sistemática. Esta modificación alinea la legislación peruana con las demandas de sectores que exigen una respuesta más contundente ante la ola de inseguridad que atraviesan distintas regiones del país.
La promulgación de la Ley 32446 surge tras meses de debate en el Congreso de la República sobre la denominada “Ley de terrorismo urbano”. Debido a múltiples cuestionamientos sobre la precisión y eficacia del término “terrorismo” en la propuesta inicial, el Parlamento optó por aprobar una figura alternativa que crea un nuevo tipo penal orientado a los patrones de agresión reiterada en entornos urbanos, según expuso la prensa nacional.
La aprobación y publicación de esta norma ocurre en medio de un contexto marcado por crímenes repetidos contra comerciantes, empresarios y ciudadanos en diferentes partes de Perú. Se trata de una respuesta ante la incapacidad del Ejecutivo de contener la violencia, robos y ataques perpetrados por organizaciones criminales que operan con armamento y logística de alto poder.
El dispositivo legal, de vigencia tras su publicación en El Peruano, llevará a que las autoridades judiciales y policiales cuenten con una base normativa para perseguir con mayor rigor los delitos que evidencien patrones sistemáticos de violencia y organización.
El sinsentido del terrorismo urbano
El incremento de delitos como robos, asesinatos, secuestros y extorsiones mantiene en alerta a diversos gremios en Perú, afectados por el avance de redes criminales que paralizan sus actividades y exigen respuestas a las autoridades. Ante esta crisis, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República presentaron la propuesta de “ley de terrorismo urbano”, una iniciativa dirigida a enfrentar la inseguridad ciudadana, aunque expertos consideran que no resolverá el problema de fondo.
De acuerdo con el politólogo Noam López, consultado por Infobae Perú, la propuesta del Congreso representa “un sinsentido”, ya que engloba delitos existentes bajo una nueva etiqueta que, lejos de aclarar, genera confusión. El proyecto incluye crímenes como sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual y minería ilegal. Para López, el término “terrorismo” debe reservarse para hechos con fines políticos o ideológicos, según los lineamientos del Ministerio del Interior, una definición que no encaja en las motivaciones de organizaciones como Barrio King o One Family, cuyo objetivo principal es obtener ganancias ilícitas.
El especialista advirtió que la distinción entre lo urbano y rural tampoco responde a la dinámica del crimen organizado, ya que bandas como “Los Pulpos” operan en ciudades y localidades rurales por igual. López sostiene que la iniciativa no mejora la acción policial ni fiscal, aunque matiza que la ley propuesta afecta menos que otras normas como la Ley 32108 de crimen organizado.
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