Cinco dirigentes del Pueblo Kakataibo recibieron en los últimos días mensajes de texto con amenazas de muerte en sus celulares, enviados por narcotraficantes que operan en la zona. “Caerán uno a uno” y “derramarán sangre por denunciar nuestro trabajo”, advierten las comunicaciones, en represalia por las denuncias contra cultivos ilegales de coca y pistas clandestinas dentro de sus comunidades y en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur.
La denuncia fue realizada por la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), con respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).
Las federaciones exigieron la activación inmediata del Mecanismo de Protección de Defensores del Ministerio de Justicia, la intervención de la Policía Nacional en las investigaciones y la titulación definitiva de comunidades como Unipacuyacu, que lleva casi tres décadas esperando seguridad jurídica sobre su territorio.
Cadena de asesinatos
Las amenazas se producen en un contexto de violencia sostenida. Desde 2020, seis líderes Kakataibo han sido asesinados por defender sus tierras, entre ellos Arbildo Meléndez, impulsor de la titulación de Unipacuyacu y primer defensor ambiental asesinado durante la pandemia.
Ante el riesgo permanente, la Guardia Indígena Kakataibo ha intensificado sus patrullajes terrestres y sobrevuelos de reconocimiento en la Reserva, pese al peligro que enfrentan las familias de las comunidades. En su pronunciamiento, las organizaciones indígenas aseguraron: “No nos callarán. Defenderemos nuestros territorios. Nuestras guardias Kakataibo, Shipibo y Asháninka están en alerta máxima y movilizadas”.
Deforestación y concesiones en la Reserva Kakataibo
La Reserva Kakataibo Norte y Sur, reconocida oficialmente en 2021, es considerada una de las zonas más críticas de la Amazonía peruana. En apenas tres años ha perdido 6 723 hectáreas de bosques, principalmente por cultivos de coca, tala ilegal y minería.
Una investigación de Mongabay Latam identificó que el 19,3% de las 275 203 hectáreas de comunidades, ampliaciones y la Reserva Kakataibo Sur ya está deforestado. Además, pese a su carácter intangible, el Estado aprobó cuatro concesiones mineras dentro de la Reserva y en territorios de la comunidad de Unipacuyacu entre 2023 y 2024, sumando más de 2 000 hectáreas. Solo en Unipacuyacu, aún sin título, se superponen pedidos de concesiones mineras por 500 hectáreas.
“Nos han despojado de nuestra propia tierra. Hay caminos que ya no podemos transitar porque están controlados por hombres armados”, denunció un comunero Kakataibo, recordando que la titulación de Unipacuyacu está encarpetada en el Gobierno Regional de Huánuco desde hace casi 30 años.
Epicentro de violencia y narcotráfico
Ucayali, junto a Loreto y Huánuco, se ha convertido en uno de los epicentros más peligrosos para defensores indígenas. Según un informe de ORAU y ProPurús, actualmente 226 defensores amazónicos viven bajo amenaza en la región, siendo los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún los más afectados.
La expansión del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras y las concesiones extractivas se suman a una legislación permisiva, como la llamada “ley anti-Forestal” (Ley 31973), que facilita la entrega de tierras sin respetar la clasificación de suelos. Esto agrava la violencia contra comunidades que luchan por la titulación de sus territorios y la defensa de la Amazonía.
¿Cuáles son las exigencias urgentes al Estado?
Las organizaciones indígenas advirtieron que las amenazas solo cesarán cuando el Estado asegure titulación definitiva para comunidades como Unipacuyacu, garantice presencia efectiva en el territorio y brinde protección real a los defensores.
Entre las medidas demandadas destacan:
- Activación operativa del Mecanismo de Protección de Defensores del Ministerio de Justicia.
- Garantías personales inmediatas otorgadas por las prefecturas.
- Investigaciones policiales efectivas sobre amenazas y asesinatos desde 2020.
- Resolución de los conflictos territoriales en Huánuco mediante diálogo y seguridad jurídica.
“El silencio del Estado favorece la expansión de las economías ilegales y pone en riesgo la vida de quienes defendemos la Amazonía”, advierte el pronunciamiento firmado por FENACOKA, AIDESEP y ORAU.
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