Este sábado concluye la tregua de setenta y dos horas que permitió reanudar parcialmente el ingreso a Machu Picchu luego de los bloqueos y protestas que paralizaron la vía férrea y dejaron a cientos de visitantes varados en la región. La incertidumbre se apodera de gremios turísticos, agencias de viaje y turistas, quienes temen una nueva parálisis si no se alcanzan acuerdos entre autoridades, empresas y comunidades campesinas.
La mesa de trabajo técnica se instaló en la tarde de este viernes, pero tuvo que ser suspendida por la ausencia de la Municipalidad Provincial de Urubamba.
Esto es solo la “punta del iceberg”, advierte gobernador de Cusco
Durante una reunión de la Unidad de Gestión de Machu Picchu, el gobernador regional Werner Salcedo afirmó que el actual conflicto por la ruta Hiram Bingham evidencia solo una parte de las dificultades que enfrenta la administración del santuario.
“El alcalde distrital de Machu Picchu ha indicado que Consettur está dispuesto a dialogar en Lima, mientras que San Antonio de Torontoy prefiere una reunión en Cusco. El Ministerio de Turismo es el responsable de la convocatoria. Hemos decidido esperar hasta mañana para definir si es posible una solución. Pero este tema es apenas la punta del iceberg”, explicó Salcedo.
El gobernador recordó que informes de la Contraloría ya habían señalado problemas estructurales, entre ellos la sobrecarga de visitantes, la falta de digitalización total en la venta de boletos, filas extensas en los accesos y ausencia de gestión moderna que garantice la preservación del patrimonio. Según él, la crisis actual se suma a estos déficits y confirma la urgencia de reformar integralmente la administración de Machu Picchu.
Salcedo anunció que la próxima sesión de la Unidad de Gestión tendrá lugar en Cusco e incluirá la presencia del presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado, la Contraloría, el Poder Judicial y la Fiscalía. Únicamente con la intervención de estas entidades se podrá resolver de manera profunda una problemática que persiste desde hace tres décadas.
Clima de tensión e incertidumbre en Machu Picchu
La finalización de la tregua coincide con una alta presencia de visitantes nacionales y extranjeros que planificaron anticipadamente su ingreso al santuario. Muchos temen que una nueva paralización en la vía férrea o en la ruta de buses frustre sus visitas, generando un clima de tensión en Machupicchu Pueblo.
La incertidumbre afecta también a hoteles, restaurantes, agencias de viaje y guías turísticos, cuyos ingresos dependen directamente del flujo de turistas. Cada día de bloqueo representa cancelaciones de reservas, pérdidas económicas y graves efectos sobre la cadena de empleos que sostiene al distrito y al Valle Sagrado.
Informes de la Contraloría han alertado en repetidas ocasiones sobre deficiencias en el control de entradas al santuario, demoras en la venta de boletos y ausencia de digitalización completa en el sistema. Estas falencias persisten y causan incomodidad en los turistas, que enfrentan filas extensas y falta de información clara.
A esta situación se suma la disputa por la prestación del servicio de buses entre Aguas Calientes y la llaqta inca. Dos empresas, Consettur y San Antonio de Torontoy, compiten por la operación, lo que ha detonado la crisis social aún sin solución definitiva. Las agencias de turismo y operadores locales advierten que, si no se alcanzan consensos, la incertidumbre podría desencadenar nuevas protestas y bloqueos, poniendo en riesgo la experiencia de los visitantes y la imagen internacional de Machu Picchu.
¿Cómo empezó el conflicto en Machu Picchu?
El conflicto se originó el 4 de septiembre de 2025, cuando concluyó el contrato de 30 años de Consettur sobre la ruta Hiram Bingham, que une Aguas Calientes con el santuario. La Municipalidad Provincial de Urubamba optó por no renovar el acuerdo y adjudicó de manera temporal, por cuatro meses, la operación a San Antonio de Torontoy, empresa conformada por comunidades campesinas locales.
Esta nueva operadora recibió los permisos del Sernanp y de PeruRail para desplegar sus buses hasta Machupicchu Pueblo. Sin embargo, el 12 de septiembre, día de inicio del servicio, los vehículos fueron objeto de sabotaje. Los pobladores denunciaron que se intentó impedir la entrada de la nueva compañía pese a contar con avales oficiales.
El incidente motivó la indignación de las comunidades, que señalaron a sectores asociados con Consettur por obstruir el proceso. Desde entonces se han reportado protestas, bloqueos y enfrentamientos verbales con impacto directo en la llegada de turistas al enclave arqueológico.
Pliego de reclamos de las comunidades de Machupicchu
Las comunidades campesinas presentaron cinco demandas principales. La primera es que se respete la adjudicación del servicio de transporte a San Antonio de Torontoy, como lo dispone la Municipalidad de Urubamba. En segundo lugar, exigen la reactivación inmediata de los servicios ferroviarios suspendidos entre Ollantaytambo y Machu Picchu para garantizar el acceso de visitantes.
La tercera demanda se enfoca en lograr que el transporte en buses se restablezca de forma progresiva, con competencia abierta, para evitar monopolios en la ruta. Otro punto clave es la solicitud de mantener a la Defensoría del Pueblo como mediadora en las negociaciones, a fin de garantizar transparencia y un diálogo constructivo. Finalmente, reclaman que las empresas ferroviarias Inca Rail y PeruRail retomen la operatividad de los trenes con destino a Machupicchu Pueblo.
Estas exigencias forman parte de la agenda que se debate en las reuniones de alto nivel. El futuro de Machu Picchu dependerá de la capacidad de las partes de alcanzar un acuerdo que asegure la continuidad del turismo y la estabilidad social en la región.
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