El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se olvida del deber de mantener la neutralidad electoral y salió en defensa de Fuerza Popular luego de que la Fiscalía de la Nación solicitó que sea declarado ilegal y se cancele su inscripción.
“La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima dela Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”, manifestó el Ejecutivo a través de un comunicado en el que evitaron mencionar explícitamente a Fuerza Popular, pero sí al Ministerio Público.
El Gobierno va más allá y califica el requerimiento de Delia Espinoza como una solicitud ilegal: “Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes”.
Por otro lado, en el pronunciamiento, se recuerda que en los últimos 6 años el Perú ha tenido 6 presidentes, “situación que nos ha llevado a una crisis económica, política y social de la que estamos saliendo”.
“Somos testigos de que ese no es el camino que debemos seguir. Por el contrario, debemos continuar en la búsqueda de nuestro desarrollo, consolidando la economía y fortaleciendo la confianza del país para obtener mayores y mejores inversiones, siempre dentro del camino democrático”, se lee. Sin embargo, omiten mencionar que los cambios de mandatarios han sido, en su mayoría, promovidos por el fujimorismo.
Piden declarar ilegal a Fuerza Popular
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado que Fuerza Popular, la agrupación de Keiko Fujimori, sea declarada ilegal y excluida del proceso electoral, bajo acusaciones de conducta antidemocrática.
La petición de Delia Espinoza ante el Poder Judicial se fundamenta en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Esta norma otorga a la Corte Suprema la facultad de cancelar la inscripción de un partido político cuando se determine que sus actividades contravienen los principios democráticos y se verifica alguna de las tres condiciones establecidas, relacionadas con la legitimación de atentados contra las personas o el apoyo a organizaciones terroristas. Según la legislación, tanto el fiscal de la Nación como el defensor del Pueblo pueden presentar este tipo de solicitudes.
En el caso de Fuerza Popular, la fiscal sostiene que la organización habría incurrido en “actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales”. La demanda presentada por Espinoza será evaluada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que deberá decidir si declara la ilegalidad del partido.
El procedimiento judicial comenzará con la notificación de la demanda y sus anexos a Fuerza Popular, lo que permitirá a la agrupación ejercer su derecho a la defensa. Posteriormente, se convocará a una audiencia y, tras su realización, el caso quedará a la espera de la votación de los magistrados.
Para que la declaración de ilegalidad prospere, se requiere el voto favorable de al menos cuatro de los cinco integrantes de la sala. Si el fallo resulta adverso para alguna de las partes, tanto la Fiscalía como el partido de Keiko Fujimori podrán apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente.
La solicitud de Delia Espinoza representa la segunda ocasión en la que el Ministerio Público recurre al Poder Judicial para pedir la ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática. El antecedente inmediato es el caso de A.N.T.A.U.R.O., cuya inscripción fue cancelada por decisión unánime de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Esta resolución ratificó la sentencia de primera instancia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, que ya había ordenado la cancelación del registro y el cierre de los locales partidarios.
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