El conflicto por el reasentamiento en Morococha, una pequeña ciudad andina en la región de Junín, volvió a tensarse tras la decisión del Juzgado Mixto de La Oroya que autorizó el desalojo de cinco familias de la antigua urbe minera.
La medida, impulsada por la solicitud de la empresa china Chinalco, pretende allanar el avance del proyecto Toromocho, cuya expansión ha desplazado ya a miles de personas, pero los vacíos legales, la falta de garantías sociales y las denuncias de vulneración de derechos vuelven a poner en cuestión los mecanismos de gestión de grandes inversiones en el país.
Desalojo en Morococha intensifica conflicto por Toromocho
La orden judicial, emitida tras declarar infundada la oposición de los afectados, dispone que las viviendas deben ser abandonadas este 19 de septiembre. Los moradores rechazan considerar este trámite un simple proceso civil. Para ellos, el fondo es de carácter humanitario: exigen el respeto al derecho al reasentamiento y denuncian omisiones graves por parte del Gobierno y la empresa en el cumplimiento de acuerdos previos. Las familias han anunciado nuevas apelaciones y recursos ante instancias internacionales luego de que los tribunales peruanos desoyeran sus alegatos.
Carlos Castro, abogado de los residentes, advierte una vulneración del marco jurídico y de derechos fundamentales: “El derecho de reasentamiento es humano y reconocido en la ley... Lo opuesto es el destierro, el despojo de estas zonas hacia la intemperie. Eso no está contemplado en la normativa peruana”. Según Castro, la autoridad sobre el proceso de reasentamiento corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial, y la sentencia se emitió a pesar de que el traslado no ha concluido y permanece bajo supervisión estatal. El caso suma más de diez años de litigios, precariedad y desencuentros entre el Estado, la empresa y las familias que resisten.
Residentes de Morococha apelan desalojo tras sentencia a favor de Chinalco
El riesgo para los desplazados trasciende la pérdida de un techo. El ingeniero ambiental Edwin Alejandro, de Red Muqui, describe condiciones adversas: carencia de agua potable, electricidad y servicios educativos. “Más de cinco mil personas fueron desplazadas por la expansión de Toromocho, pero la empresa no ha cumplido los compromisos asumidos durante las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental”. El incumplimiento incluye la falta de instalación del campamento laboral en la nueva ciudad y la escasa priorización del empleo local, aspectos que debieron dinamizar la economía de los reubicados.
La ampliación de Toromocho aprobada en 2021 intensificó la presión sobre quienes permanecen en la antigua ciudad. La mesa de diálogo con la minera Chinalco y el Ministerio de Energía y Minas permanece estancada, y la suscripción del convenio marco sigue pendiente. En este vacío, los dirigentes locales reportan hostigamiento, detonaciones y fallas en la comunicación por parte de las autoridades. Elvis Atachahua, vocero vecinal, sostiene que están en riesgo familias con menores y adultos mayores, sin certidumbre sobre el destino de los inmuebles financiados con recursos propios.
Familias desplazadas por Toromocho denuncian abandono estatal
Representantes de la Iglesia católica, como Widmar Ávila Córdova de la Comisión de Ecología del Arzobispado de Huancayo, han pedido respeto a la dignidad de las familias, ubicando los intereses humanos por encima de los económicos. El reclamo se extiende a la adecuación de la ciudad de Carhuacoto, el lugar de reasentamiento, donde persisten “riesgos para la integridad” y las condiciones de vida no cumplen lo prometido.
El caso Morococha pone en evidencia los límites de los marcos legales y políticos para proteger a los afectados por proyectos extractivos; muestra también cómo la judicialización del conflicto puede convertirse en una herramienta que, lejos de resolver las tensiones, profundiza la desprotección social y el desencanto con las promesas de desarrollo.
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