El Juzgado Civil de La Oroya ha declarado infundada la oposición legal presentada por las últimas familias que residen en la antigua ciudad de Morococha, y confirmó la medida cautelar que ordena su desalojo forzado en favor de la empresa Minera Chinalco Perú S.A.. La diligencia de lanzamiento ha sido fijada para el 19 de septiembre de 2025 a las 11:10 a.m., con autorización para el descerraje de viviendas, si fuera necesario, y con el resguardo de al menos 30 efectivos policiales, según la Resolución Judicial a la que tuvo acceso Infobae Perú.
El fallo ordena que los bienes de los ocupantes serán dejados en la vía pública bajo su responsabilidad, lo que ha generado alarma entre las familias afectadas, quienes viven desde hace años sin acceso a servicios básicos, rodeadas de escombros, y expuestas a explosiones mineras cercanas a sus viviendas. Según la organización Red Muqui, las familias tienen plazo hasta el 18 de septiembre para apelar la decisión.
Chinalco obtuvo respaldo judicial pese a críticas al proceso de reasentamiento
El juez Jesús Santana Socualaya consideró que la oposición presentada por el poblador Elvis Atachahua Ursua no fue suficiente para revertir la medida. En su resolución, el magistrado argumenta que el inmueble se ubica en una zona de riesgo no mitigable y que Chinalco cuenta con título inscrito en registros públicos desde 2018, tras una compraventa con la empresa Activos Mineros.
La decisión judicial se basa en el artículo 49 de la Ley N. º 30680, que restringe el ejercicio de derechos posesorios en zonas declaradas de alto riesgo. Sin embargo, la defensa legal de las familias, respaldada por la Red Muqui y otras organizaciones, ha advertido que dicha interpretación entra en contradicción con la Ley 29869, que establece que el reasentamiento debe ser voluntario y digno, no mediante despojos forzados.
En entrevista con Servindi, el abogado Carlos Castro cuestionó que el Poder Judicial haya ignorado que las familias no cuentan con una alternativa real de reubicación y que viven en condiciones de abandono y hostigamiento sistemático. Desde 2012, cuando se inició el proyecto cuprífero Toromocho, los pobladores han denunciado una serie de irregularidades en el proceso de traslado hacia la denominada "Nueva Morococha“.
Nueva Morococha, contaminación y promesas incumplidas
Aunque Chinalco impulsó un proceso de reasentamiento hacia "Nueva Morococha“, estudios y reportes oficiales revelan que este no cumplió con los estándares necesarios. El Estudio de Impacto Ambiental (2010) indicó que los suelos del nuevo asentamiento superaban hasta 11 veces los límites permitidos de arsénico y plomo, información que no fue comunicada a la población de forma oportuna.
Años después, la Red de Salud de La Oroya confirmó la presencia de metales pesados en la sangre de niños y niñas de Morococha. Pese a ello, el Estado no ha garantizado condiciones seguras ni ha firmado un Convenio Marco de Reasentamiento con los habitantes, lo que deja a las familias sin mecanismos de protección efectiva.
En el terreno, la situación es crítica: no hay agua potable ni electricidad desde 2019. Las viviendas han sido demolidas una a una tras el abandono de sus ocupantes y quienes permanecen deben soportar detonaciones de explosivos que remecen la tierra varios días a la semana. La organización Red Muqui y colectivos ambientalistas denuncian que estas acciones buscan forzar la salida de los moradores restantes y consolidar la expansión del proyecto Toromocho.
Desalojo sin garantías ni soluciones del Estado
A más de una década del inicio del reasentamiento, las organizaciones y moradores denuncian que el Estado peruano no ha implementado un proceso con garantías mínimas. La ausencia de un plan integral, la falta de seguimiento y el uso de medidas judiciales para ejecutar desalojos sin sentencia firme han sido duramente cuestionados por expertos y defensores de derechos humanos.
En 2018, el Gobierno anunció la ampliación del proyecto Toromocho, lo que intensificó la presión sobre las familias que se negaban a salir. La empresa minera Chinalco, filial de la estatal china Aluminum Corporation of China, opera desde hace 13 años en la zona a más de 4500 m.s.n.m.
Las familias que aún resisten aseguran que seguirán buscando justicia, incluso en instancias internacionales. "Vamos a izar la bandera“, señaló Elvis Atachagua, demandante y uno de los últimos pobladores en declaraciones recogidas por Servindi. Mientras tanto, la cuenta regresiva hacia el desalojo está en marcha.
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