La Policía Nacional del Perú (PNP) declaró de carácter reservado por cinco años toda la información contenida en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y en el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal.
La disposición quedó formalizada mediante la Resolución Directoral N.° 009, emitida el 25 de agosto de 2025 y firmada por el general Javier Manuel González Novoa, director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP. El documento fue revelado públicamente por Epicentro TV.
Esto significa que ningún ciudadano, periodista ni institución externa podrá acceder a los datos registrados en dichas plataformas hasta el año 2030, salvo contadas excepciones previstas en la normativa.
Fundamentos legales
La resolución argumenta que la medida se sustenta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27806) y en directivas internas de la institución.
El texto sostiene que revelar datos de denuncias podría “entorpecer las investigaciones en curso y poner en riesgo la seguridad ciudadana, el orden interno y la integridad de las personas involucradas”. Bajo esta premisa, se señala que el interés público y la seguridad prevalecen sobre el interés individual.
Alcances de la clasificación
La disposición precisa que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP será la encargada de registrar y custodiar la información clasificada.
Además, se ordena que la resolución sea publicada tanto en el Portal de Transparencia Estándar de la institución como en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión de la Carrera Policial.
La medida establece expresamente que, una vez concluido el plazo de cinco años, se evaluará de nuevo si corresponde mantener la clasificación como reservada o si se procede a su desclasificación.
Críticas y advertencias de especialistas
Para el abogado penalista y experto en derecho a la información Ronald Gamarra, la decisión constituye un exceso frente a lo que permite la ley y limita gravemente la capacidad de fiscalización ciudadana.
“El acceso a las denuncias siempre fue considerado información pública. Lo que está protegido es la investigación policial, no la denuncia presentada. Son dos cosas totalmente distintas. Esta resolución es un exceso”, explicó en entrevista a Epicentro TV.
Gamarra advirtió que el verdadero efecto de la medida sería ocultar a la ciudadanía el conjunto de denuncias presentadas, incluidas aquellas contra autoridades como ministros, altos mandos policiales o funcionarios públicos.
“Lo que se pretende es que ya no se sepa quién tiene denuncias policiales o penales. Esto limita la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y la inseguridad”, agregó.
Impacto en seguridad y datos abiertos
La decisión afecta también el trabajo del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que se creó con el objetivo de proporcionar información pública sobre delitos como extorsiones, homicidios, robos, hurtos y estafas.
Con la reserva, las estadísticas de denuncias quedarán fuera del acceso ciudadano por cinco años, lo que va en contra de los principios de datos abiertos y de la transparencia que sustentan al Observatorio.
“Si los ciudadanos tuviéramos acceso a las denuncias, podríamos identificar tendencias delictivas, autores y zonas críticas, lo que ayudaría a diseñar mejores políticas públicas. Con esta medida se oscurece ese panorama”, alertó Gamarra.
La decisión llega en un contexto de creciente cuestionamiento a la gestión del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Según especialistas, al restringir el acceso a la base de denuncias, la PNP limita el escrutinio público sobre el comportamiento institucional y político.
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