PJ reafirma que Víctor Zanabria está suspendido como jefe de la Policía por presunta corrupción

El Poder Judicial ha ratificado que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, está actualmente suspendido por el caso “Policías albañiles” donde se le acusa de disponer de efectivos de rango inferior para que hagan funciones ajenas.

Como se recuerda, el viernes 12 de septiembre, la jueza Janett Lastra Ramírez, del Sexto juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, declaró fundado el requerimiento fiscal y ordenó la suspensión de Zanabria por 18 meses.

Al tratarse de una medida cautelar dictada por un juzgado de primera instancia, la decisión se ejecuta de inmediato. La apelación no paraliza actuación de la misma.

Así lo ratificó la jueza Lastra Ramírez al admitir la apelación de Víctor Zanabria, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae. La magistrada concedió la apelación pero “sin efecto suspensivo”, es decir, la suspensión se tiene que seguir ejecutando mientras se resuelva la impugnación.

La Sala Penal Superior de Arequipa convocará audiencia para analizar los argumentos de Zanabria y decidirá si ratifica la suspensión o la revoca.

Pese a la medida en su contra, el comandante general de la PNP sigue despachando como si nada. El último martes, sostuvo una reunión oficial con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. “Planificaron acciones conjuntas respecto a próximos operativos en establecimientos penitenciarios y traslados de internos de alta peligrosidad”, informó la entidad.

La suspensión de Víctor Zanabria

La jueza Janett Monica Lastra Ramírez, ordenó la suspensión por 18 meses de Víctor Zanabria Angulo por presuntos actos de corrupción cometidos cuando era jefe policial en Arequipa. La medida, fundamentada en sólidos elementos probatorios y un alto riesgo procesal, representa un duro golpe a su liderazgo a pocos meses de su retiro obligatorio en enero de 2026.

Son tres hechos los que les atribuye a Zanabria:

1. Uso indebido de personal policial: Entre junio y agosto de 2020, Zanabria habría utilizado a unos 15 efectivos policiales como mano de obra en obras de construcción en el complejo policial de Arequipa, registrándolos falsamente como si realizaran labores de “inteligencia operativa” para encubrir su actividad.
2. Contratación fraudulenta: Se le acusa de concertar un contrato simulado por 17,600 soles para la remodelación del patio de armas del complejo. Según la fiscalía, Zanabria y otros pactaron con un contratista para inflar los costos y quedarse con el excedente.
3. Apropiación de donación: Una donación de 17,600 soles de la Minera La Soledad, solicitada por Zanabria para las obras, fue recibida en efectivo, pero nunca registrada en las arcas institucionales de la PNP, incumpliendo normativas internas.

La jueza Lastra justificó la suspensión por el “fuerte peligro procesal” derivado de las acciones de Zanabria. Se acreditó que ordenó a los efectivos policiales ocultarse durante una inspección fiscal, evidenciando un intento de obstruir la justicia. Además, el tribunal señaló un “patrón de conducta delictiva reiterada”, ya que los tres hechos imputados reflejan un abuso sistemático de autoridad y mal uso de recursos institucionales.

La defensa de Víctor Zanabria argumentó que las obras se financiaron con fondos privados, que la participación de los policías fue voluntaria y que la donación era de carácter personal, sin necesidad de registro institucional. Sin embargo, la jueza desestimó estos planteamientos, aclarando que el uso indebido de efectivos policiales constituye una apropiación de recursos públicos, independientemente de la fuente de financiamiento. Sobre el contrato simulado, se verificó la falsificación de documentos, y en cuanto a la donación, los oficios oficiales de solicitud y agradecimiento confirman su naturaleza institucional, sujeta a regulaciones estrictas.

Con esta suspensión, Zanabria pasará los últimos meses de su carrera apartado de la PNP. Designado como comandante general en enero de 2024, debía retirarse obligatoriamente en enero de 2026 tras cumplir dos años en el cargo. La medida, efectiva de inmediato, pone en evidencia las preocupaciones sobre la corrupción en el alto mando policial y genera interrogantes sobre la rendición de cuentas en la institución.