La empresaria Sada Goray presentó una demanda contra el Ministerio Público, solicitando una reparación económica de un millón de dólares por daños y perjuicios. En el escrito judicial, responsabiliza directamente a la fiscal superior Marita Barreto y al fiscal Freddy Niño, integrantes del equipo especial que investiga el caso Vivienda por crimen organizado.
Goray argumenta que la detención preliminar de la que fue objeto careció de fundamentos legales y que se habría ejecutado con un uso excesivo de las facultades fiscales. Según sostiene, la intervención habría vulnerado garantías constitucionales como el derecho a la libertad personal y el debido proceso.
La empresaria asegura que las medidas dictadas afectaron su imagen pública, sus negocios y su vida personal, generándole perjuicios que considera deben ser resarcidos mediante la indemnización reclamada.
El pedido forma parte de un proceso civil que ahora deberá ser evaluado en el marco judicial, de manera independiente a la investigación penal que continúa en curso por parte del Ministerio Público.
Contexto del caso Vivienda por crimen organizado
El caso en el que se enmarca esta demanda se refiere a presuntos actos de corrupción y crimen organizado ocurridos en el Ministerio de Vivienda durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.
La hipótesis fiscal apunta a que funcionarios de alto nivel y empresarios habrían participado en un esquema de favorecimiento irregular en contrataciones públicas. La investigación señala la existencia de coordinaciones indebidas y posibles beneficios otorgados a determinados grupos.
Sada Goray fue incluida en este proceso judicial bajo la premisa de que habría intervenido en reuniones y coordinaciones con autoridades vinculadas al ministerio. En ese contexto, se dictó su detención preliminar y medidas restrictivas como parte de la investigación.
Actualmente, el caso Vivienda se encuentra en etapa de investigación preparatoria, en la que el Ministerio Público busca reunir pruebas suficientes para sustentar acusaciones formales. La demanda presentada por Goray se tramitará en paralelo y podría abrir un nuevo frente legal en torno a la actuación del equipo especial de fiscales.
Encuentro clandestino
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó a inicios de septiembre que mantuvo un encuentro clandestino con el abogado Francisco Álvarez, defensor legal de la empresaria Sada Goray, investigada por una red de sobornos vinculada al gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
A través de una comunicación dirigida a la periodista Karla Ramírez, jefa de Investigaciones de Panamericana TV, el titular del portafolio reconoció que la cita tuvo lugar el 4 de junio en el bar El Cordano, lugar donde también se han registrado otros encuentros extraoficiales.
“Francisco Álvarez es mi amigo personal desde hace muchos años, ya que ambos somos abogados expertos en derecho penal. Incluso cuando yo era ministro del Interior, él participó en varias reuniones porque también es abogado del Club Alianza Lima. No sostuvimos ninguna reunión formal, sino un encuentro breve, pues ocurrió pocos días después de que asumí como funcionario de Palacio y solo para saludarme y felicitarme por el reciente nombramiento”, declaró en el mensaje.
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