El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, dejará su oficina tras ser suspendido por 18 meses por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. La decisión se da luego de que se conociera el caso ‘Policías Albañiles’, en donde al menos seis agentes lo acusan de haberlos obligado a realizar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería cuando tenían que estar patrullando las calles de Arequipa.
Este se inició a partir de testimonios de agentes que lo acusaron de presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad. El oficial, que encabezaba la institución desde enero de 2024, rechazó públicamente estas acusaciones.
¿Qué es el caso ‘Policías Albañiles’?
El llamado caso ‘Policías Albañiles’ surgió a partir de declaraciones de al menos seis suboficiales que relataron a la Fiscalía haber sido forzados a realizar trabajos ajenos a su función en la región Arequipa durante el periodo en que Zanabria estuvo a cargo de la macroregión policial.
El caso se remonta a 2020. La denuncia sostiene que las órdenes provinieron directamente de ahora suspendido comandante y otros mandos, quienes, según el testimonio recopilado, solicitaron personal que tuviera conocimientos en estas áreas.
“Se acercaron a la formación por la parte posterior el general Víctor Zanabria Angulo y el coronel Francis Alarcón Gallegos, que solicite entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción, albañilería, electricidad, gasfitería. Y en ese momento, 15 suboficiales levantaron la mano”, relata la mayor Claudia del Castillo.
Asimismo, detalló que una vez seleccionados, fueron apartados de sus labores de seguridad ciudadana y enviados a tareas de refacción y mantenimiento dentro de la sede policial, como el arreglo de una capilla y el casino, durante semanas. Los papeles oficiales registraban asignaciones de patrullaje a pie o labores de inteligencia, mientras que, en la práctica, realizaban trabajos manuales bajo instrucciones verbales y sin documentos que regularizaran su nueva función.
La mayor Castillo refutó en un primer momento sobre la documentación, pero el general le habría respondido que “debe acatar órdenes verbales”.
“Al preguntar al general Víctor Zanabria cuál sería la situación de ese personal policial, me indicó que los ponga en el rol de servicio de SECPAPIE (patrullaje a pie), a los quince efectivos policiales como trabajos de inteligencia operativa a fin de que tengan derecho al rancho”, manifestó.
Otro testimonio clave en la investigación
El expediente del caso incluye el testimonio de 16 suboficiales, de los cuales seis han sido admitidos como testigos protegidos. Ellos refirieron que su incorporación a estas actividades fue impuesta. Además, expresaron temor a represalias y detallaron situaciones en las que, ante inspecciones o intervenciones de la Fiscalía, algunos policías debieron esconderse para evitar ser descubiertos fuera de su función legal.
Las indagaciones no solo apuntan al uso indebido del personal, sino también a maniobras irregulares con fondos destinados a obras internas. Entre las pruebas recogidas por el Ministerio Público figura la declaración del maestro de obra Claver Colquehuanca, quien explicó que fue contratado informalmente por entonces general y recibió en su cuenta bancaria una transferencia superior a 17 mil soles.
“Todo fue de forma verbal. No firmé ningún documento. El general Zanabria me dijo que todo lo coordine con los señores Francis y el coronel Cancela. Ellos me dijeron que me proporcionarían mano de obra no calificada, por lo que yo tenía que dirigirlos”, mencionó.
Durante varias semanas de 2020, los suboficiales habrían cumplido jornadas completas en labores de construcción y mantenimiento de 15 agentes por turnos. Colquehuanca precisó que a él se le contrató por un momento menor, por lo que al momento de contarle al general, le indicó que lo cobre y el resto le entregue en “efectivo”.
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