El asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, destapó un rastro macabro: la pistola Taurus usada para quitarle la vida no era nueva en el mundo del crimen. Su recorrido revela que no se trata de un caso aislado, sino de un arma con un historial sangriento que se extiende por casi una década.
La cronología empieza en 2015, cuando la PNP entregó la pistola a un miembro de la división de los Halcones. Apenas un año después, el rastro oficial desaparece. El suboficial no presentó una denuncia de robo ni extravío, lo que generó un vacío que permitió que el arma saliera del control estatal.
En 2019, la misma pistola apareció vinculada a un asesinato en la ciudad de Pisco, en Ica. Según las pericias balísticas, los casquillos encontrados coincidían con el arma asignada al policía. El crimen pasó casi inadvertido en la prensa nacional, pero ahora se integra en un rompecabezas que muestra la peligrosidad de que una pistola oficial circule libremente en el mercado ilegal.
El 1 de septiembre de 2025, el arma volvió a disparar, esta vez en Lince, contra el funcionario indonesio. Horas después, fue usada en San Juan de Miraflores para atacar a dos trabajadoras sexuales en un contexto vinculado a mafias de trata de personas y cobro de cupos. Una de las víctimas identificó a alias “Malaco”, presunto integrante de la organización criminal detrás de los ataques.
La policía halló el arma en un hostal de San Martín de Porres, junto con dinamita y cartuchos presuntamente destinados a extorsiones. Este hallazgo no solo confirmó la peligrosidad de la banda, sino que también dejó en evidencia la facilidad con la que las armas “extraviadas” terminan siendo piezas clave de organizaciones criminales.
El problema de fondo va más allá de un arma: expone un patrón en el que armamento registrado a nombre de policías reaparece en manos de delincuentes. Expertos en seguridad señalan que estos casos no son excepcionales, sino parte de un fenómeno más amplio en el que las armas oficiales se “pierden” sin seguimiento real.
Hipótesis del asesinato del funcionario indonesio
El asesinato de Zetro Leonardo Purba, diplomático de Indonesia, ocurrido en el distrito limeño de Lince, llevó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a establecer la hipótesis principal de que el crimen estaría vinculado con mafias dedicadas a la trata de personas. La policía investiga la relación del homicidio con el entorno de la zona comercial de Risso, conocida por la presencia de organizaciones criminales que administran redes de prostitución informal y proxenetismo.
Los agentes han enfocado su investigación en la influencia de grupos que controlan el territorio en Lince, un lugar con antecedentes de violencia asociada a la explotación sexual y la actividad delictiva. En ese contexto, la hipótesis policial sugiere que el crimen de Purba podría tratarse de una venganza de las mafias que dominan el área y que suelen enfrentarse para conservar sus espacios de operación.
Entre las organizaciones señaladas sobresale la banda denominada One Family, liderada por Dany Zapata, conocido como ‘El chino’. Esta estructura criminal habría consolidado su control sobre actividades ilícitas en Lince y zonas aledañas. La policía señala a Zapata como principal sospechoso, debido a sus antecedentes violentos y disputas internas por el control del distrito.
Durante la inspección al teléfono móvil de Purba, los investigadores hallaron contactos de mujeres venezolanas y colombianas. La hipótesis policial considera que estas conexiones podrían ofrecer pistas sobre el contexto personal y profesional del diplomático en los días previos al ataque, además de revelar posibles vínculos directos, indirectos o circunstanciales con el entorno dominado por mafias de trata.
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