El cáncer continúa siendo una de las principales amenazas de salud pública en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 se diagnosticaron 19,3 millones de casos y se registraron casi 10 millones de muertes. Las proyecciones son aún más alarmantes: para 2050, la carga global de la enfermedad crecerá en un 77 %, alcanzando los 35 millones de nuevos diagnósticos anuales, con mayor impacto en países de ingresos medios y bajos, donde los sistemas de salud enfrentan profundas brechas de acceso a terapias modernas.
El Perú no es ajeno a esta realidad. Según el Ministerio de Salud (Minsa), cada año se reportan más de 69 000 nuevos casos y alrededor de 13 600 muertes prematuras asociadas a diferentes tipos de cáncer. La enfermedad se ha consolidado como una de las principales causas de mortalidad en el país, reduciendo en promedio entre 1 y 2 años la esperanza de vida de los peruanos.
Uno de los problemas más críticos es el diagnóstico tardío: más del 59 % de los pacientes atendidos en hospitales públicos llega en estadios avanzados, lo que reduce significativamente las posibilidades de supervivencia y limita las opciones de tratamiento. Frente a esta situación, la disponibilidad de nuevas terapias debería ser prioritaria; sin embargo, un reciente reglamento del Instituto Nacional de Salud (INS) ha encendido las alarmas en organizaciones de pacientes y especialistas.
Nueva norma con más retrasos
El INS presentó un reglamento que modifica el procedimiento de aprobación de medicamentos y terapias para el tratamiento del cáncer. Hasta antes de esta propuesta, los Comités Farmacoterapéuticos de los hospitales podían elevar directamente las solicitudes de incorporación de nuevas terapias a la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA).
Con la nueva disposición, este paso ya no será directo: ahora los comités deberán remitir primero su pedido al director del hospital, quien será el encargado de autorizar su envío a RENETSA. Lo que parece un simple trámite administrativo, en la práctica puede significar meses de espera en un proceso que de por sí es lento y desgastante.
“Muchos comités se reúnen solo unas cuantas veces al año. Agregar un filtro adicional significa más tiempo, mientras el cáncer avanza sin tregua”, advirtió Indyra Oropeza, presidenta de la asociación Con L de Leucemia.
Evaluación en tres fases: la rigidez del sistema
La preocupación no se limita al nuevo filtro administrativo. El reglamento también establece un esquema de evaluación en tres fases que, según los colectivos de pacientes, introduce rigidez y poca transparencia:
- Valor terapéutico: definido únicamente por un equipo metodológico que puede frenar la aprobación de un medicamento, incluso si ya fue validado y aprobado en otros países.
- Valor económico: el mismo equipo analiza la costo-efectividad e impacto fiscal, antes de considerar los beneficios clínicos y sociales para los pacientes.
- Valor social: recién en esta etapa se convoca a médicos y representantes de la sociedad civil, pero solo si las dos fases anteriores fueron aprobadas.
En palabras de Oropeza: “No se puede hablar de participación ciudadana si los pacientes son convocados cuando todo ya está decidido. La voz de quienes enfrentamos la enfermedad debe estar presente desde el inicio, no al final de un camino lleno de obstáculos.”
Consecuencias directas en pacientes
El impacto de esta norma no es teórico: tiene consecuencias concretas en la vida de miles de peruanos. Cada expediente que queda paralizado en una oficina representa a un paciente esperando una terapia que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
“En cáncer, cada día cuenta. Mientras el documento viaja de oficina en oficina, los tumores avanzan, las opciones terapéuticas se reducen y las posibilidades de supervivencia se desvanecen. Estamos hablando de padres, madres e hijos que no tienen tiempo que perder”, subrayó Oropeza.
Los especialistas coinciden en que el Perú ya enfrenta un rezago en la incorporación de medicamentos oncológicos modernos en comparación con países vecinos. En este contexto, cualquier norma que prolongue los tiempos de evaluación agrava la brecha en el acceso a terapias innovadoras.
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