El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lanzó este martes declaraciones abiertamente amenazantes contra el periodista de investigación Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, durante un acto público por la inauguración de la primera etapa del nuevo corredor vial Vía Expresa Sur.
El burgomaestre mencionó en su discurso que la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un juicio por presuntos aportes millonarios de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014, “es socia” del periodista y que ambos conforman “un conjunto de gente corrupta que se ha ensañado con el Perú”.
La autoridad capitalina también lo responsabilizó por una supuesta influencia sobre el Ministerio Público. “Este señor es el gran enemigo del Perú. Debe salir del Perú, lo digo claramente, hace mucho daño”, afirmó. La ofensiva se mantuvo en un momento posterior, cuando propuso la reinstauración de los tribunales militares.
“A un terruco urbano que es un objetivo militar hay que juzgarlo en un tribunal militar. Si va a un tribunal fiscal, sale al toque. Estamos mal ahí. Vamos poniendo los puntos sobre las íes. Tribunal militar. ¿Cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero. Volvamos a poner tribunal militar porque estamos en guerra”, expresó.
En una entrevista pasada con el portal Epicentro TV, Gorriti indicó que los discursos de López Aliaga están cargados de desinformación. “El tipo repite, repite esa especie de como mantras desaforados, pero más que un mantra parece un ejercicio psicótico. Detrás de todo ello sí hay una lógica, la de la desinformación”, explicó.
Añadió que “no es un loquito parado en un banco el que lo está diciendo, sino alguien que ejerce la primera autoridad municipal de Lima para esparcir su maquinaria de designaciones. Eso es algo común entre las desinformaciones de círculos vinculados con extremismos políticos”.
Prensa bajo ataque
Las declaraciones de López Aliaga ocurren en un contexto alarmante para el ejercicio del periodismo en el país. En julio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Gorriti al considerar que enfrenta una situación de riesgo.
Desde 2019, el periodista ha sido blanco de amenazas, hostigamientos y campañas de estigmatización, que incluyen manifestaciones antisemitas y la difusión de su información personal en redes sociales bajo la narrativa del “terruqueo”.
Los ataques contra la prensa no se limitan a este caso. La periodista Karla Ramírez, jefa de la unidad de investigación de Panamericana TV, denunció recientemente que funcionarios de inteligencia del gobierno de Dina Boluarte habrían planeado un atentado en su contra “disfrazado de delincuencia común violenta”.
Según Ramírez, esto ocurrió tras revelar información sensible sobre Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien desestimó la denuncia señalando que la periodista “está estresada”.
En paralelo, la Procuraduría Anticorrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, quienes investigan casos vinculados al caso Valkiria. Esta acción fue criticada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que advirtió que se trata de una medida que vulnera la protección de las fuentes periodísticas y carece de base legal.
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