La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Plataforma PIACI expresaron su rechazo categórico al Proyecto de Ley 12215/2025-CR, presentado el 26 de agosto por el congresista loretano Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular).
Según las organizaciones, esta iniciativa “promueve el genocidio” de los pueblos en aislamiento y contacto inicial al plantear modificaciones que permitirían al Congreso y a una “comisión especial revisora” anular o extinguir las reservas indígenas existentes, impedir la creación de nuevas y desconocer el reconocimiento oficial de los PIACI, señalaron en un pronunciamiento.
El proyecto, ya derivado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), fue solicitado por el propio Mori para ser revisado también por la Comisión de Fiscalización, instancia sin competencia en la materia, lo que las organizaciones consideran una “maniobra política” destinada a debilitar la protección de los PIACI.
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El trasfondo del “nuevo proyecto de genocidio”
Para AIDESEP y la Plataforma PIACI —conformada por ORAU, ORPIO, FENAMAD, COMARU, ARPI-SC y CORPIAA—, este proyecto representa un retroceso aún más grave que el impulsado en 2022 por el congresista Jorge Morante (PL N.º 3518/2022-CR), archivado tras el rechazo de las organizaciones indígenas.
El texto de la nueva iniciativa propone que el Poder Ejecutivo envíe cada seis meses al Congreso un informe de evaluación de todas las reservas indígenas, abriendo la posibilidad de “modificar o levantar las categorías existentes” según supuestos impactos en el desarrollo regional y nacional. En la práctica, ello significaría que, dos veces al año, los PIACI podrían perder el escaso marco de protección que garantiza su supervivencia.
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Además, plantea que los procesos de categorización de pueblos aislados sean reevaluados cada dos años y sometidos obligatoriamente al pronunciamiento del Congreso, debilitando las competencias técnicas y científicas del Ministerio de Cultura y de los órganos especializados.
Una comisión especial para debilitar las reservas
El proyecto incluye también la creación de una “Comisión Especial Multisectorial Revisora”, encargada de proponer modificaciones y emitir opiniones sobre los procesos de categorización. Sin embargo, AIDESEP alerta que su composición excluye a las organizaciones indígenas representativas y, en cambio, prioriza la participación de sectores como Energía y Minas, Interior y Defensa, lo que evidencia intereses extractivos sobre los territorios.
“Esta comisión ha sido diseñada para conseguir los votos necesarios y poder anular todas las reservas PIACI”, señalaron en un comunicado.
Riesgos legales y de derechos humanos
Las organizaciones advierten que el Proyecto de Ley 12215/2025-CR contraviene no solo la Constitución peruana, sino también tratados internacionales vinculantes como la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por el Perú. En su opinión, la iniciativa podría constituir instigación pública y tentativa de genocidio, delitos sancionados a nivel internacional.
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“Recordamos al Congreso y al Estado peruano que su principal obligación constitucional es defender la vida y dignidad humana, en especial la de los pueblos más vulnerables del mundo: los PIACI”, advirtió AIDESEP.
En ese sentido, las organizaciones indígenas hicieron un llamado urgente a la sociedad civil, a las iglesias, a los medios de comunicación, a las instancias de derechos humanos y al público en general a mantenerse vigilantes y movilizados frente a este proyecto de ley.
“El Proyecto de Ley 12215/2025-CR representa una continuidad del genocidio iniciado en la época del caucho. Solo busca abrir camino a la explotación económica de los territorios indígenas a costa de la vida de nuestros pueblos”, advirtieron.
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