Crisis ambiental en la Amazonía: destrucción total del río Yuyapichis expone el avance de la minería ilegal en Perú

El río Yuyapichis, en Huánuco, se transformó en un símbolo de la devastación provocada por la minería ilegal en la Amazonía peruana. Lo que antes fue una fuente de vida y biodiversidad, hoy es descrito por sus habitantes como un “caldo de barro con olor fétido”. Las retroexcavadoras, el petróleo y los desechos químicos dejaron el cauce prácticamente muerto, en una crisis que evidencia la incapacidad del Estado frente a la expansión de esta actividad ilícita, según una investigación de OjoPúblico.

Hasta hace poco, el Yuyapichis era refugio de peces, aves y plantas que nutrían a las comunidades locales. Hoy, sus aguas turbias y malolientes son la prueba palpable del impacto de la minería ilegal, que desde 2023 sustituyó las dragas por maquinaria pesada.

El desastre se expande incluso sobre zonas de conservación. El Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, creada por Juliane Köpcke —la única sobreviviente del accidente aéreo de 1971 en Huánuco—, hoy enfrenta la amenaza directa de la minería, pese a estar dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.

Huánuco: concesiones mineras en zonas prohibidas

Huánuco enfrenta un grave dilema. Según el medio, registra 355 petitorios mineros en trámite ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De ese total, 241 ya cuentan con título de concesión, pese a que el uso de dragas y artefactos similares está prohibido por el Decreto Legislativo 1100. Otros 98 pedidos siguen en trámite y 16 se extinguieron.

Un análisis de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) revela que entre 2020 y 2024 las concesiones mineras se incrementaron en la región. Hoy, Huánuco es la segunda región amazónica más golpeada por la deforestación, contaminación por mercurio y pérdida de hábitats, después de Loreto. A julio de 2024, más de 500 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, en Huánuco y Pasco, ya habían sido afectadas por minería ilegal, según el proyecto MAAP.

Petitorios en el río Yuyapichis

En el caso específico del Yuyapichis, se presentaron cinco solicitudes de concesiones metálicas ante Ingemmet, todas ellas superpuestas al río. Cuatro fueron canceladas recientemente tras advertencias del Sernanp, pero una sigue vigente desde 1972 bajo el nombre de Compañía Minera El Shira.

Tres de los pedidos cancelados fueron ingresados el mismo día por Luz Marilyn Vera Mamani (21 años) y su madre Virginia Mamani Paja, ambas de Madre de Dios y con la misma dirección fiscal vinculada a la empresa Grupo Seim. Luz Marilyn solicitó la concesión Marilyn I (900 hectáreas), pagando S/517 por trámite y US$2.700 por derecho de vigencia. Virginia, a su vez, pidió las concesiones Javimar I y Javimar II (200 hectáreas cada una).

El padre de Luz Marilyn, Mauro Feliciano Vera Quispe, figura con actividad económica registrada en la venta de autopartes, pero en enero de 2024 también solicitó 1.000 hectáreas en Pasco y Huánuco. Su pedido fue cancelado siete meses después por estar en zona no apta.

Otro petitorio de 2022, presentado por tres personas, también fue cancelado por superponerse totalmente con la reserva comunal El Sira.

Una economía ilegal en crecimiento

La minería ilegal se consolidó como la segunda actividad ilícita en la zona, después del narcotráfico. La Fiscalía Ambiental de Ucayali realiza operativos, pero carece de recursos básicos, como embarcaciones, para interdicciones. Al mismo tiempo, algunas comunidades respaldan la presencia de mineros por los beneficios económicos inmediatos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que entre 2022 y 2025 se detectaron movimientos sospechosos por más de US$ 2.804 millones, de los cuales el 80% estarían ligados a minería ilegal. La magnitud del flujo confirma que se trata de una economía paralela que elude controles ambientales, laborales y tributarios.

Debate político sin solución inmediata

En el Congreso, las presiones de los mineros informales han impulsado propuestas para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aprobar una nueva ley de pequeña minería (MAPE). Mientras tanto, el Ejecutivo instaló una mesa técnica que plantea una reforma sin prórrogas al Reinfo.

En la práctica, la pugna política prolonga la inacción frente a un problema que crece. El río Yuyapichis ya es un cadáver ecológico, pero la amenaza se expande a otros cursos de agua y zonas protegidas, poniendo en jaque no solo a Huánuco, sino a toda la Amazonía peruana.