El presidente del Congreso, José Jerí, anunció este lunes que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022, no podrá trabajar en el Parlamento tras su excarcelación.
En diálogo con la prensa, el legislador explicó que Chávez, suspendida en 2023 de sus funciones mientras dura el proceso penal por el presunto delito de rebelión y conspiración, no puede ser contratada de ninguna forma.
“Ella intentó cerrar el Congreso, eso está en materia de investigación. Para nosotros como Congreso no procede. Trabajará donde seguramente tenga la oportunidad, pero en el Congreso de la República no”, puntualizó.
La declaración se produce luego de que su homólogo Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentara un requerimiento para contratar a Chávez como asesora personal de confianza de nivel ocho. “Estaría contentísimo de contar con su apoyo en labores de asesoría”, señaló.
Paralelamente, un informe del Área de Asesoría Laboral del Legislativo concluyó que Chávez no puede ser contratada para desempeñar funciones mientras siga vigente la medida que la aparta de sus funciones parlamentarias.
El documento, dirigido al Área de Administración de Personal del Congreso, señala que el artículo 19 del Reglamento prohíbe a un congresista ejercer otra función pública. Además, destaca que la ex jefa de Gabinete no ha perdido su investidura ni está desaforada.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación inmediata de la ex primera ministra, quien enfrenta un pedido fiscal de 25 años de cárcel y cuya defensa presentó un habeas corpus que argumentaba que la ampliación del periodo de prisión preventiva se dictó fuera de plazo.
“Este tribunal considera imperativo resaltar que no se puede ‘sacrificar’ la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Por el contrario, corresponde tutelar su derecho fundamental a la libertad”, afirmó la sentencia.
El TC también destacó que, según el Código Procesal Penal, la prisión preventiva tiene un carácter temporal. Por tanto, si una persona supera el límite máximo de detención sin una resolución válida –incluso cuando se mantengan los motivos que justificaron la medida y el proceso aún no concluya– debe ser puesta en libertad.
Impedimento de salida
En tanto, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, ha solicitado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el impedimento de salida del país por 12 meses contra la expremier.
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