El abogado del golpista expresidente Pedro Castillo, Javier Ildefonso, denunció al juez supremo Juan Carlos Checkley ante la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el caso de la expremier Betssy Chávez, cuya prisión preventiva fue anulada el último miércoles por el Tribunal Constitucional.
El abogado de Castillo acusa a Checkley de supuestamente haber cometido los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como de supuestamente haber incurrido en falta muy grave. Ello por no haber ordenado la liberación de Chávez en diciembre de 2024 y prolongar la prisión preventiva cuando el plazo inicial ya había vencido.
Además, el abogado pidió a la Fiscalía de la Nación que solicite al Poder Judicial la suspensión del juez supremo. “A fin de evitar en otros peruanos (as) nuevas decisiones abusivas, macabras, torcidas o manifiestamente contrarias al texto expreso y claro de la Ley”, alega.
Al mismo tiempo la defensa del golpista requirió a la JNJ que imponga suspensión por 6 meses “para evitar la repetición de los hechos”.
Betssy Chávez podría volver a prisión preventiva
El fallo del TC instruye al Poder Judicial a reexaminar el pedido de prolongación de prisión preventiva por 18 meses contra Betssy Chávez.
El punto resolutivo 4 de la sentencia establece que la excarcelación de la ex primera ministra no impide que vuelva a ser recluida preventivamente. Los magistrados determinaron que el requerimiento fiscal se tramitó vulnerando los derechos de Chávez, ya que permaneció privada de libertad incluso después de que venciera el plazo inicial de la medida, sin que se hubiera resuelto el pedido del Ministerio Público. Por este motivo, el Tribunal Constitucional anuló la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que había declarado fundada la prolongación de la prisión preventiva por 15 meses.
El fallo precisa que el juez Juan Carlos Checkley debió ordenar primero la excarcelación inmediata de Chávez por vencimiento de plazo y, posteriormente, convocar a una audiencia para evaluar el requerimiento fiscal. El Tribunal Constitucional subraya que, al disponer la libertad, el juez tenía la opción de imponer otras medidas para asegurar la presencia de la ex primera ministra en el proceso penal, como la comparecencia con restricciones y vigilancia electrónica.
Por mandato del TC, el juez supremo Juan Carlos Checkley deberá volver a evaluar el pedido de prolongación de prisión preventiva, pero esta vez con Betssy Chávez en libertad. Para ello, se convocará primero a una audiencia en la que las partes expondrán sus posiciones, tras lo cual el juez emitirá su decisión. El historial del magistrado, quien ha rechazado todos los pedidos de Chávez para salir de prisión, sugiere que podría aceptar nuevamente la prisión preventiva, dado que persiste el riesgo de fuga.
El magistrado sustentó sus decisiones en las declaraciones de edecanes y policías, así como reportes de geolocalización y otros elementos recabados, que apuntan a que Betssy Chávez intentó dirigirse a la Embajada de México tras conocer el fracaso del golpe de Estado de Pedro Castillo.
También existe la posibilidad de que la defensa de la exjefa del gabinete intente recusar al juez Checkley invocando la sentencia del Tribunal Constitucional.
TC liberó a Betssy Chávez
Los magistrados del Tribunal Constitucional concluyeron que existió una “flagrante vulneración del derecho a no padecer detenciones arbitrarias”, ya que Betssy Chávez permaneció privada de libertad durante 8 días después de que venciera el plazo inicial de 18 meses de prisión preventiva. El fallo reconoce que, posteriormente, el Poder Judicial accedió a ampliar la prisión preventiva, pero enfatiza que “no justifica o valida la detención arbitraria que padeció la agraviada durante los 8 días que estuvo detenida sin mandato judicial vigente”.
La sentencia también cuestiona la actuación de la Fiscalía, que solicitó la prolongación de la prisión preventiva apenas un día antes del vencimiento del plazo, calificando esta conducta como una “inveterada y preocupante práctica”. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria es igualmente señalado por resolver el pedido después de que ya se había producido la detención arbitraria.
En el texto de la sentencia se afirma: “(La Fiscalía) tuvo la oportunidad de solicitar la prolongación mucho antes del vencimiento del plazo original y el órgano jurisdiccional hubiera evitado que se consumara la detención arbitraria. Y es que este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana”.
Además, la resolución enfatiza: “Este Tribunal considera imperativo resaltar que no cabe ‘sacrificar’ la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Por el contrario, corresponde tutelar su derecho fundamental a la libertad”.
La ponencia de la sentencia estuvo a cargo del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse y fue suscrita por Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y el magistrado Manuel Monteagudo votaron en contra de la excarcelación de Betssy Chávez.
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