Extorsión en Perú incrementó 10 veces más en solo 4 años: comerciantes y familias viven bajo amenaza constante

En las calles de Lima y otras regiones del país, la presencia de bandas criminales dedicadas a la extorsión golpea no solo la economía de comerciantes y emprendedores, sino también la salud mental de miles de familias que viven bajo amenaza constante. El miedo a ser víctima de atentados, la incertidumbre de no saber si la Policía podrá responder a tiempo y la angustia de recibir mensajes intimidantes son parte de un escenario que parece haberse normalizado.

Este clima de violencia encuentra sustento en las estadísticas oficiales. De acuerdo con datos del Ministerio Público, en 2020 se registraron 2.305 denuncias por extorsión en todo el país, lo que equivalía a un promedio de 192 casos al mes. Un año después, la cifra se duplicó y alcanzó 4.119 denuncias. En 2022, los registros escalaron a 11.642, y en 2023 se llegó a 21.746 casos, lo que representa casi diez veces más que al inicio del periodo.

Sin embargo, las autoridades reconocen que estos números son solo una fracción de la realidad. Muchas víctimas prefieren no denunciar debido a la desconfianza en el sistema de justicia, al temor a represalias o a la percepción de que la protección estatal es insuficiente. Así, el verdadero impacto de la extorsión en el país podría ser mucho mayor al que reflejan las estadísticas.

Casos que reflejan la crisis

El asesinato de un diplomático indonesio en Lima, ocurrido en medio de circunstancias aún bajo investigación, es un recordatorio de que la violencia ha alcanzado incluso a extranjeros en territorio nacional. A su vez, casos como el de una comerciante de Gamarra revelan la crudeza de esta problemática. La mujer, dedicada a la venta de lencería, fue atacada en su vivienda del distrito limeño de Villa El Salvador (VES) luego de que extorsionadores le exigieran 30 mil soles. Para amedrentarla, detonaron un explosivo en la fachada de su casa mientras dormía con sus hijos y su padre de 82 años.

“Fue como volver a la época del terrorismo. Me dicen que van a matar a mis hijos si no pago. Vivo atemorizada”, relató la emprendedora, quien se ha visto obligada a cerrar su negocio.

Respuestas del Estado

La reacción del Gobierno frente a la criminalidad ha sido la declaratoria de estados de emergencia en distritos críticos. Aunque algunos alcaldes reportaron una disminución temporal de delitos durante estas medidas, la experiencia muestra que, una vez levantadas, los criminales regresan, como sucedió en el Callao.

La presidenta de la República Dina Boluarte, junto con el ministro de Justicia Juan José Santiváñez, anunció recientemente la construcción de un penal en la isla El Frontón, proyecto que demandará una millonaria inversión. No obstante, la iniciativa coincide con la paralización de otros planes de ampliación carcelaria ya existentes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la real efectividad de la estrategia.

En medio de este panorama, el canciller Javier González-Olaechea advirtió que la inseguridad no solo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también la imagen internacional del país, pues los actos de violencia repercuten en la confianza de inversionistas y turistas.

El incremento sostenido de las denuncias de extorsión refleja más que estadísticas: es la expresión de un país que convive con el miedo y la incertidumbre. Mientras las cifras continúan en aumento, miles de familias como la de la comerciante de Gamarra esperan una respuesta eficiente que les devuelva la tranquilidad perdida.