
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó este lunes que Alejandro Toledo continuará recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. El tribunal ratificó el rechazo al pedido de arresto domiciliario planteado por la defensa técnica del exmandatario, quien cumple una condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos, en el marco del caso Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, vinculado a la empresa Odebrecht.
De acuerdo con el fallo, difundido por RPP y El Comercio, la defensa del expresidente había solicitado que se cambie la modalidad de ejecución de la condena de Toledo, alegando una “interpretación errónea” del artículo 22 del Código Penal. Según sus abogados, la sentencia contra Toledo aún no es firme porque existe un recurso pendiente ante una instancia superior, por lo que consideraban procedente el pedido de arresto domiciliario mientras se resuelve la apelación.
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Además, argumentaron que el exmandatario “padecía un conjunto de enfermedades” y era una persona vulnerable. Respaldaron el pedido en una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC), que dispuso al juzgado de Ate autorizar su traslado para recibir atenciones médicas, y alegaron razones humanitarias. No obstante, la Sala Penal resolvió que solo la Sala Superior puede disponer un cambio en la forma de ejecución de la condena mientras la sentencia se encuentre en apelación.

El tribunal sostuvo que la ejecución provisional ordenada por la primera sentencia debe cumplirse en prisión, salvo decisión expresa de la instancia superior. El fallo precisa que modificar la medida a través de un pedido incidental sin que la sentencia sea firme “afectaría el principio de independencia” de la función jurisdiccional.
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“Será el órgano jurisdiccional de apelación que decida, en el expediente principal, la modalidad de ejecución de la condena en caso fuera confirmada la sentencia expedida contra el encausado, no siendo como tal esta vía incidental la autorizada legalmente para disponer la ejecución de forma diferente a la impuesta por el Juzgado Colegiado”, detalla el documento.
Alejandro Toledo podría recibir segunda sentencia por caso Ecoteva
Alejandro Toledo, condenado en octubre de 2024 a 20 años y seis meses por delitos de corrupción, podría recibir este miércoles una segunda sentencia condenatoria por presunto lavado de activos vinculado al Caso Ecoteva.
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La audiencia, programada para las 2:00 p.m., contemplará no solo la situación de Toledo, sino también la de Avraham Dan On, exjefe de seguridad presidencial durante su Gobierno, y Shai Dan On, hijo del ciudadano israelí involucrado.

La causa parte del supuesto blanqueo de más de cinco millones de dólares estadounidenses (US$5’126.715,96) a través de la adquisición de bienes inmobiliarios y pagos de hipotecas en el Perú, operaciones que la Fiscalía fiscal atribuye a fondos entregados por empresas como Odebrecht. Estas sumas, señala la imputación, habrían transitado desde Ecoteva Consulting Group, una offshore registrada en Costa Rica que, de acuerdo con las investigaciones, sirvió para enmascarar el origen ilícito de los recursos.
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Al respecto, el Ministerio Público ha solicitado 16 años y ocho meses de prisión para Toledo y para su esposa, Eliane Karp, a quienes acusa como presuntos autores del delito de lavado de activos agravado. Las pruebas que sustenta la fiscalía incluyen información de bancos nacionales e internacionales, informes periciales, declaraciones de testigos y testimonios de colaboradores eficaces, entre los que figuran Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, y Josef Maiman, empresario fallecido y cercano a Toledo.
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