El reciente accidente en el Metropolitano, que dejó 44 personas heridas tras el choque de tres buses en la estación Angamos, ha encendido las alarmas en el Congreso de la República y entre los especialistas en transporte urbano. El hecho ocurrido el 26 de agosto ha puesto nuevamente bajo la lupa el estado de la flota de este sistema de transporte masivo, que moviliza a cientos de miles de ciudadanos cada día y que, según advierten, ya superó su vida útil en buena parte de sus unidades.
Desde el Parlamento, la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco), presidida por la congresista Katy Ugarte, ha solicitado respuestas inmediatas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre las causas del siniestro y el estado actual del proyecto de modernización de la flota. Al mismo tiempo, expertos como José Aguilar, exjefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), advierten que el sistema enfrenta una crisis de capacidad y deterioro sin precedentes, lo que exige medidas urgentes antes de que ocurran nuevos incidentes.
Congreso exige renovación urgente de buses del Metropolitano
Tras el accidente en Angamos, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor remitió un oficio al ministro César Sandoval Pozo, en el que demanda con carácter de urgencia el informe oficial sobre las investigaciones en torno al triple choque y sus causas.
El oficio también pide información detallada sobre el avance del plan de renovación de los buses, con plazos claros y mecanismos de control: “Sírvase informar sobre el avance del proyecto de modernización de flota del Metropolitano, incluyendo plazos y mecanismos de rendición de cuentas, y el tiempo de servicio y kilómetros recorridos de cada uno de los buses que componen la flota del Metropolitano a la fecha”, señala la comunicación dirigida al MTC.
La comisión advierte que muchos de los buses del Metropolitano ya sobrepasan los 15 años de operación, lo que supone un riesgo para la integridad de los usuarios. Ante ello, se ha exhortado al MTC a acelerar la renovación, incorporando de manera inmediata nuevas unidades, promesa que fue anunciada desde agosto de 2024 pero que aún no se materializa.
El grupo parlamentario sostiene que este pedido se enmarca en su rol de fiscalización y en la defensa de los derechos de los consumidores frente a servicios públicos esenciales: “Amparo la presente solicitud en lo prescrito en el artículo 96 de la Constitución Política y los artículos 69 y 87 del Reglamento del Congreso de la República”, concluye el documento.
Crisis operativa y falta de financiamiento agravan la situación
En paralelo al pronunciamiento del Congreso, el exjefe de la ATU, José Aguilar, aseguró en entrevista con Canal N que el Metropolitano vive una crisis operativa marcada por la sobrecarga del servicio y el deterioro de la flota. Explicó que antes de la pandemia el sistema movilizaba alrededor de 600 mil pasajeros al día, cifra que hoy se sitúa en unos 450 mil, pero sin que la capacidad se haya ampliado de forma proporcional. Esta falta de crecimiento ha generado congestión en buses y estaciones, aumentando los riesgos de fallas.
Aguilar recordó que la renovación estructural de los buses depende de una adenda contractual que involucra a las concesionarias y al Banco Mundial, proceso que podría tomar entre ocho y doce meses. Mientras tanto, propuso implementar medidas inmediatas como mejorar la fiscalización de la circulación, coordinar con la Policía Nacional del Perú (PNP) para agilizar el tránsito y ajustar la semaforización en puntos críticos, lo que permitiría aumentar la velocidad promedio y reducir tiempos de espera.
El exfuncionario también advirtió sobre las limitaciones del modelo autosostenible del Metropolitano, diseñado bajo una asociación público-privada sin subsidios estatales, lo que restringe la capacidad de inversión en mejoras y renovación. A diferencia de otros países donde el transporte público recibe apoyo financiero del Estado, en Lima los costos dependen del pasaje de los usuarios, lo que complica la respuesta ante emergencias operativas. En ese marco, Aguilar insistió en la necesidad de una adenda estructural que permita viabilizar recursos externos y adecuar el contrato a la realidad actual del sistema.
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