El fiscal José Domingo Pérez volvió a lanzar una fuerte advertencia en torno al proceso que enfrenta Keiko Fujimori por el denominado caso Cócteles. En declaraciones públicas, señaló que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busca el archivamiento definitivo del proceso mediante un hábeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según Pérez, esta decisión no solo comprometería la acusación contra Fujimori, sino que abriría la puerta a un escenario de impunidad que afectaría a otros procesos de alto perfil.
“El archivamiento del caso Cócteles tendría consecuencias nefastas. No se trata únicamente de Keiko Fujimori; también se pondrían en riesgo sentencias ya dictadas y juicios en curso contra otros líderes políticos”, advirtió el fiscal.
El efecto dominó en otros casos de corrupción
De acuerdo con José Domingo Pérez, una resolución favorable a Fujimori comprometería la validez de los procesos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes ya fueron sentenciados en primera instancia por lavado de activos. También alcanzaría al inminente juicio de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los millonarios aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas de reelección.
Asimismo, mencionó que el alcance podría llegar hasta Renovación Popular y al prófugo Vladimir Cerrón, investigado por presunto financiamiento ilícito en la campaña de Perú Libre. “Estamos ante una decisión que podría afectar la lucha contra el financiamiento ilegal de la política en el Perú. Si el TC archiva el caso, se abrirá un precedente que blinde a otros acusados”, sostuvo.
Argumentos de la Fiscalía
El fiscal recordó que la acusación contra Fujimori está sustentada en pruebas que demuestran que las campañas del 2011 y 2016 recibieron millones de dólares en aportes ilegales. Entre ellos, destacan los pagos de Odebrecht y de empresarios nacionales, que habrían sido canalizados a través de mecanismos de simulación, como falsos aportantes y depósitos bancarios fragmentados.
“Lo que hacía Keiko Fujimori era insertar dinero ilícito en el sistema financiero a través de cuentas del partido Fuerza Popular y presentarlo como aportes de campaña. Es un esquema clásico de lavado de activos”, afirmó.
La defensa de Keiko Fujimori responde
Por su parte, la abogada Giuliana Loza, defensora legal de Fujimori, argumentó que la investigación carece de sustento constitucional. Señaló que los hechos imputados no eran delito en el momento en que ocurrieron, pues el lavado de activos recién fue tipificado en noviembre de 2016. Además, rechazó que el caso de Fujimori sea comparable al de Humala y Heredia.
“Han pasado casi 10 años y este proceso sigue sin resolverse. Lo que corresponde es el archivo definitivo”, declaró Loza, confiada en que el TC respaldará la nulidad del proceso.
Nueva acusación fiscal y pedido de 35 años de cárcel
Pese a las dilataciones y a la anulación inicial dictada por el TC, el pasado 2 de julio el fiscal Pérez presentó una nueva acusación contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular. La Fiscalía solicita 35 años de prisión para la excandidata presidencial, además de 730 días de multa, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
La acusación también involucra a figuras cercanas al fujimorismo como Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Mark Vito Villanella, entre otros. Incluso, se ha extendido a personas jurídicas como el Partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C.
Un proceso con implicancias políticas
Pérez cuestionó que el Tribunal Constitucional esté interviniendo en un proceso que, a su juicio, corresponde ser resuelto en el ámbito penal. “El TC no puede sustituir a la justicia penal. Ya la Corte Suprema ha definido que recibir dinero ilícito para campañas políticas es lavado de activos”, enfatizó.
El fiscal también denunció que dentro del Ministerio Público existen colegas que se han sometido a intereses ajenos, lo que debilita la autonomía de la institución. “El objetivo de ciertos sectores es desacreditar y debilitar al sistema de justicia para crear un estado de impunidad”, señaló.
El caso Cócteles se ha convertido en uno de los procesos más emblemáticos de la relación entre dinero ilícito y política en el Perú. La decisión que adopte el TC podría marcar el rumbo de la lucha contra la corrupción electoral: o consolidar un precedente que permita archivar procesos similares, o reforzar el marco legal que sanciona el financiamiento ilegal de campañas.
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