El Perú conmemoró el 22° aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con un acto realizado en el monumento “El ojo que llora”, ubicado en el Campo de Marte, en Jesús María. A la ceremonia acudieron familiares de víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos y estudiantes escolares, quienes portaron fotografías de los fallecidos durante el conflicto armado interno registrado entre 1980 y 2000.
La escultura “El ojo que llora” fue el centro de la conmemoración. Este monumento honra la memoria de las casi 70 mil personas que, según el informe de la comisión, perdieron la vida o desaparecieron durante dos décadas de violencia que involucraron a Sendero Luminoso, el MRTA y fuerzas estatales. La obra, creada por la artista Lika Mutal, se ha consolidado como un espacio de memoria para víctimas y familiares.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una instancia creada en junio de 2001 por el gobierno de transición tras el fin de la dictadura de Alberto Fujimori. Tuvo como objetivo esclarecer los hechos ocurridos, identificar a los responsables y promover la reconciliación nacional. La comisión estuvo presidida por Salomón Lerner Febres, filósofo y exrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien lideró un equipo multidisciplinario encargado de recopilar testimonios, analizar documentos y visitar las regiones más afectadas por el conflicto.
En su informe final, entregado el 28 de agosto de 2003, la CVR concluyó que el conflicto armado tuvo un costo humano dramático, con la mayoría de víctimas pertenecientes a comunidades rurales, quechuahablantes y de bajos recursos. El informe responsabilizó principalmente a Sendero Luminoso como el principal perpetrador de crímenes, pero también identificó graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
La CVR recomendó al Estado investigar, sancionar y reparar a las víctimas, así como implementar reformas institucionales para prevenir la repetición de hechos similares. Propuestas como la creación de un registro único de víctimas, programas de reparaciones integrales y promoción de la memoria han orientado la política pública en derechos humanos en los años posteriores.
El aniversario recordó la vigencia del legado de la comisión y la necesidad de continuar procesos de memoria, justicia y reconciliación en la sociedad peruana.
Los años del terror
Entre 1980 y 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno en el que se documentaron múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y agentes del Estado peruano. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) detalló estos hechos en su informe final, señalando tanto la naturaleza como el alcance de los delitos perpetrados por cada actor durante el periodo.
Sendero Luminoso, considerado el principal responsable del periodo de violencia, cometió asesinatos selectivos y masacres contra campesinos, autoridades locales, indígenas y civiles acusados de colaborar con el Estado. El grupo instauró el terror mediante atentados con explosivos, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento forzado de menores. Su ideología maoísta justificó ataques indiscriminados a la infraestructura civil y la aplicación de “justicia popular” basada en la tortura y la muerte.
El MRTA, aunque de menor alcance, participó en homicidios, toma de rehenes, secuestros y asaltos armados, incluyendo acciones emblemáticas como la toma de la residencia del embajador japonés en 1996. El grupo ejecutó ataques selectivos contra miembros de las fuerzas del orden y personas consideradas “enemigos políticos”, afectando a la población civil durante sus incursiones.
Por su parte, agentes del Estado peruano cometieron asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, especialmente en zonas de emergencia bajo control militar. Se documentaron detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, desplazamientos y la creación de fosas clandestinas. Muchas víctimas eran campesinos e indígenas que resultaron afectados tanto por los grupos subversivos como por las acciones ilegales del aparato estatal.
Estos crímenes dejaron miles de víctimas y profundas secuelas en el tejido social peruano, marcando una de las etapas más dolorosas y complejas de la historia reciente del país.
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