La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene previsto presentar un plan para atraer inversión privada destinada a la construcción de nuevos centros penitenciarios en la capital. Para hacer realidad esta iniciativa, la comuna planteó la firma de un acuerdo en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), liderado por Juan José Santiváñez.
El anuncio fue dado a conocer por la presidenta Dina Boluarte durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conacec). Posteriormente, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, brindó mayores precisiones sobre la propuesta, señalando que Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, expuso que ya existen terrenos, recursos disponibles y conversaciones avanzadas con el alcalde y los regidores para facilitar su ejecución.
“Él (Reggiardo) señaló que había terrenos disponibles, que había un presupuesto disponible, que había incluso ya una conversación con el burgomaestre y los regidores, de que podían poner a disposición del Instituto Nacional Penitenciario un modelo de penal que podría servir para atender las necesidades, a cuenta de que muchos de los penales en estos momentos están sobrepasados en su capacidad”, señaló el premier. Arana expresó su confianza en que esta cooperación se materialice pronto.
Perú obtuvo financiamiento por USD 800 millones de la CAF para construir cinco nuevos penales
El Perú aseguró un financiamiento de USD 800 millones de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el fin de mejorar su infraestructura penitenciaria y levantar cinco nuevos establecimientos en distintas regiones del país, entre ellas Cusco y Lima. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, durante la 185.ª reunión del directorio de CAF, celebrada el 29 de junio en Sevilla, España.
Este crédito forma parte del Programa de Mejora y Cierre de Brechas del Sistema Penitenciario Nacional, que contempla una inversión total de USD 1.000 millones, de los cuales USD 200 millones serán aportados por el Estado peruano. El plan busca incrementar la capacidad de albergue en los penales, atender el hacinamiento y ofrecer mejores condiciones en salud, educación y programas de rehabilitación para las personas privadas de libertad.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) será la entidad a cargo de ejecutar el programa. Entre las obras previstas se encuentra el penal de Colquepata en Cusco, diseñado para más de 2.500 internos y actualmente en etapa de concertación, así como el penal de Huacho en Lima, que tendrá capacidad para 16.000 reclusos. A ellos se sumarán tres establecimientos adicionales cuya ubicación aún no ha sido revelada, pero que permitirán alojar a unas 10.000 personas más.
Con ello, la infraestructura penitenciaria del país ganará espacio para aproximadamente 28.000 internos. Las nuevas construcciones estarán orientadas a la reinserción social, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Además, se busca que los internos tengan acceso a servicios básicos adecuados, lo que contribuirá a reducir la sobrepoblación carcelaria y mejorar la institucionalidad del sistema de justicia.
En la misma sesión, CAF aprobó una línea de crédito estructurado de hasta USD 500 millones a favor de la empresa Cálidda. Estos fondos se utilizarán para ampliar las redes de distribución de gas natural en Lima y Callao, beneficiando a zonas urbanas y periféricas.
El financiamiento también permitirá optimizar el perfil de deuda de la compañía y asegurar su sostenibilidad financiera, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por el organismo multilateral. Ambas operaciones reflejan el compromiso de CAF con el desarrollo del Perú, reforzando tanto la modernización del sistema penitenciario como la expansión del acceso a energía en beneficio de la población.
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