¿Contra el fraude electoral? El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo Cubas, presentó un proyecto de ley que plantea que el conteo de votos sea grabado y transmitido en vivo desde cada mesa de sufragio en las elecciones generales de 2026. La iniciativa, que ya se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento, plantea que todo el proceso de conteo sea filmado y difundido a través de las plataformas digitales oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El proyecto de ley, denominado “Ley que garantiza la transparencia del escrutinio electoral mediante su registro audiovisual y transmisión digital en tiempo real”, establece la obligación de grabar el escrutinio de votos, desde la apertura del ánfora hasta la firma del acta final, en cada sede de votación, tanto en Perú como en el extranjero. Los videos, de acuerdo con la iniciativa, “deberán conservarse como evidencia electoral por un período mínimo de cinco años y serán difundidos a través de las plataformas oficiales digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.
El texto legislativo subraya que el objetivo principal es “fortalecer la transparencia, confianza ciudadana y legitimidad democrática del sistema electoral peruano, garantizando el ejercicio pleno del derecho de participación política y control ciudadano”. Con este mecanismo, se busca responder a las dudas y cuestionamientos que suelen surgir tras cada proceso electoral, en especial respecto a denuncias de presuntas irregularidades en el conteo de votos.
La iniciativa también reconoce la participación activa de los actores del proceso electoral. Personeros de partidos políticos, observadores internacionales e incluso ciudadanos podrán grabar de manera paralela el escrutinio, siempre que no interfieran con la labor de los miembros de mesa. Esta disposición busca dar mayores garantías a las organizaciones políticas y al electorado en general.
Registro audiovisuales contra el fraude electoral
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que otorga a las grabaciones pleno valor probatorio en eventuales casos de impugnaciones, denuncias de fraude, solicitudes de nulidad o cuestionamientos a las actas electorales. De esta manera, los registros audiovisuales pasarían a formar parte del acervo legal en procesos de revisión y fiscalización electoral.
Para ello, la ONPE tendría un papel central en la implementación del sistema. El organismo sería responsable de diseñar los protocolos técnicos, certificar los equipos de grabación, administrar las plataformas digitales para la transmisión en vivo y capacitar a los miembros de mesa. Además, debería garantizar medidas estrictas de ciberseguridad para proteger la integridad de los registros y evitar manipulaciones. El Jurado Nacional de Elecciones tendría acceso permanente a los registros audiovisuales, con la facultad de utilizarlos como sustento en la resolución de controversias. Asimismo, estaría encargado de imponer sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley.
Elecciones de 2021 en controversia
La elección de Pedro Castillo como presidente de la República no fue reconocida por un sector del Congreso y de la oposición. La narrativa de un presunto fraude en dicho proceso motivó la creación de una comisión investigadora.
La comisión, presidida en ese entonces por el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, planteaba denunciar constitucional y penalmente al presidente del JNE, Jorge Salas, y a otros altos funcionarios de la institución por diversas decisiones adoptadas en el marco de sus funciones.
Dicho informe también planteaba que había responsabilidad administrativa en los responsables del “cómputo irregular” de actas electorales con supuestas “deficiencias formales” en la región sur del Cusco, así como por el presunto “llenado irregular” de actas en la región andina de Huancavelica.
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