
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó este lunes su respaldo al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien regresó al Gabinete tras ser censurado por el Congreso por su “incapacidad” para enfrentar al crimen organizado durante su gestión en el Ministerio del Interior.
Durante un acto oficial, el burgomaestre elogió el trabajo de Santiváñez, a quien aseguró conocer debido a la coordinación que permitió entregar una flota de tres mil motos donadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a la Policía Nacional (PNP). “Por eso tengo una opinión favorable a esa gestión”, señaló.
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En ese contexto, instó al ministro a establecer procesos de “juicios sumarios por flagrancia de terrucos urbanos”, pidió retirar al embajador cubano Carlos Rafael ‘El Gallo’ Zamora, y reiteró la necesidad de reforzar la seguridad policial. “Repotenciar la PNP con chalecos antibalas. Estamos dispuestos a apoyar a la PNP con tres mil chalecos. No es tan difícil, sabemos hacerlo, vamos a coordinar para poder hacer el retiro para Lima”, declaró.
También planteó fortalecer la lucha contra la extorsión. “Masificar ese número de combate contra la extorsión, 6101010. El penal de Ica está en su cancha, señor ministro. Le he pedido hablar con usted, no se ha podido. Ese penal tiene capacidad para tres mil internos y lleva, creo, que cinco años parado”, dijo.
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Finalmente, solicitó medidas inmediatas para retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una propuesta respaldada anteriormente por la presidenta Dina Boluarte. “Se ha comprometido a hacerlo, hágalo”, exhortó.
Asimismo, planteó enviar a 20 reclusos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que alberga a más de 15.000 internos, incluidos más de 200 inmigrantes enviados desde Estados Unidos. “Es un tema que lo tiene en sus manos. Usted lo puede hacer, tiene capacidad gerencial. Una cuestión de emergencia, tener el equivalente del Cecot en Challapalca, promulgar la ley de terrorismo urbano”, añadió.
El regreso de Santiváñez al Gabinete se concretó el sábado al mediodía en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, anunciada pocas horas antes. Volvió al cargo pese a estar bajo investigación preliminar del Ministerio Público, contar con una orden de impedimento de salida del país y haber sido censurado en marzo por el Congreso.
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Durante su anterior paso por el Ejecutivo, el ministro enfrentó acusaciones de abuso de autoridad, en particular por audios en los que se refería a periodistas que revelaron la supuesta intención del gobierno de desactivar una unidad policial clave en investigaciones por corrupción. En ese periodo, fueron frecuentes los ataques contra la Fiscalía y la prensa, además de cuestionamientos por haber defendido a criminales y presuntos delincuentes cuando ejercía como abogado.
El Congreso aprobó su censura por considerar que mostraba una “manifiesta incapacidad” para combatir la inseguridad ciudadana y una “falta de liderazgo” en el sector, en medio de una ola de atentados cometidos por extorsionadores y sicarios contra trabajadores del transporte público en Lima y otras ciudades.
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Pese a su salida, Boluarte lo despidió calificándolo como uno de sus ministros más “valientes y destacados”. Tras la censura, fue nombrado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, un cargo creado especialmente para él.
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