Ley que evita el retorno de ministros censurados está congelada hace un año en la agenda del Congreso

Poco más de cinco meses luego de ser censurado como ministro del Interior por el Congreso, Juan José Santiváñez regresa al gabinete en el último año de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ahora como titular del Ministerio de Justicia en una decisión que muchos parlamentarios como una “burla al país”.

Pero esta decisión controversial pudo ser evitada si se hubiese priorizado como parte de la agenda del Pleno del Congreso el dictamen de un conjunto de proyectos de ley presentados entre los años 2021 y 2022 que establece que ningún ministro censurado puede volver a ocupar un cargo -ya sea en ese o en otro ministerio- dentro del mismo periodo constitucional de cinco años.

El dictamen, desarrollado al interior de la Comisión de Constitución y Reglamento, fue aprobado en noviembre del 2022, pero hasta el momento no ha sido elevado para su debate en el Pleno del Congreso casi tres años después, lo que finalmente permitió el retorno de Santiváñez ahora en el Ministerio de Justicia pese a que este mismo Parlamento decidió que ya no era competente para liderar el Mininter y considerar que fracasó en la lucha contra la criminalidad.

¿Por qué fue censurado Juan José Santiváñez?

La moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue aprobada con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, por su “incapacidad” para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país. Días antes se produjo el asesinato de Paul Flores, vocalista de la agrupación musical ‘Armonía 10′, ocurrido el pasado 16 de marzo; lo que provocó indignación a nivel nacional por las deficiencias en la lucha contra el crimen.

La moción fue impulsada por los congresistas Susel Paredes, Jaime Quito y Diego Bazán, quienes argumentaron que Santiváñez no había cumplido con su responsabilidad de reducir los índices de criminalidad en el país, lo que se evidenció en el ataque armado al bus de la mencionada agrupación musical, que terminó con la vida de Flores. Este hecho generó una ola de indignación, y la respuesta del gobierno ante el aumento de la violencia y el crimen organizado fue vista como insuficiente por los legisladores.

Los congresistas que impulsaron la moción de censura señalaron que, a pesar de que Santiváñez estuvo en el cargo desde mayo de 2024, no logró implementar políticas efectivas que mejoraran la seguridad en las calles ni propició una respuesta contundente frente a la ola de crímenes que afecta al país. La falta de una estrategia clara y la inacción del ministerio fueron aspectos que los opositores al ministro destacaron durante el debate que precedió a la votación.

Santiváñez nunca se fue del Ejecutivo

La censura de Santiváñez como ministro del Interior no alejó del poder al abogado investigado por la Fiscalía. Menos de un mes luego de ser expulsado del cargo por el Congreso, la presidenta Dina Boluarte decidió nombrarlo como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental y trabajar aún más cerca de la mandataria y con oficina propia en Palacio de Gobierno.

Desde su nombramiento en este puesto, Santiváñez estuvo rodeado de polémicas relacionadas con las reuniones que sostuvo en su oficina como las que tuvo con el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria; Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, el ministro del Interior Carlos Malaver y el secretario general del ministerio, Erick Caso Giraldo.

Ministro Santiváñez con impedimento de salida del Perú

Pese a que ya cuenta con un antecedente como ministro censurado, ese es el menor de los inconvenientes en el nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos: además de ello, actualmente tiene investigaciones pendientes en la Fiscalía por casos de presunta corrupción y cuenta con impedimento de salida del país.

Sobre Juan José Santiváñez recae una orden de impedimento de salida del país de 18 meses por presunto tráfico de influencias. Según la Fiscalía, exigió dinero a allegados de su cliente preso para influir en el Tribunal Constitucional y realizó gestiones en el INPE para que no sea trasladado a otro penal. Todo esto cuando ya venía ocupando cargos públicos en el Ministerio del Interior.