Abogados del diablo

Una legión de abogados ha venido, desde hace algún tiempo, erosionando las normas éticas que regulan el ejercicio de la buena abogacía. Se trata de una constelación de figuras públicas que, con sus opiniones y defensas parcializadas, afectan a las instituciones judiciales y al orden legal establecido.

Se les ve constantemente ofreciendo entrevistas en los medios de comunicación, en cuyos espacios no son capaces de aclarar, con el debido disclaimer, a quién realmente representan o por cuenta de quién están declarando.

Lamentablemente, en dichas entrevistas, el abogado no se quita el traje de defensor de algún cliente o acusado y se coloca el de experto constitucionalista o penalista, tratando, muchas veces, de manipular la interpretación de una ley a conveniencia propia o de su cliente.

Por ejemplo, en su papel de defensor, puede aceptar y promover la aplicación de una determinada ley que beneficie su causa; pero si está al otro lado del juicio, en su papel de acusador -o de experto-, puede ir en contra de esa misma norma, dejando en el camino la objetividad. Así, sus declaraciones sesgadas dejan en evidencia una total incoherencia frente a la misma ley, comunicando mensajes contradictorios y hasta manipuladores. En ese rol, puede ir en contra de la Constitución, el Código Penal u otras normas importantes; inclusive, ir contra las personas que administran justicia, como fiscales o jueces. Es como si tuvieran doble personalidad, al mejor estilo del doctor Jekyll y el señor Hyde.

Al actuar de este modo, no solo cuestionan (y erosionan) el espíritu fundacional de las leyes al interpretarlas de acuerdo a sus propias conveniencias, sino que afectan y debilitan el funcionamiento del sistema jurídico nacional, contribuyendo a la severa crisis institucional por la que atraviesa el país.

En la época de Platón se solía decir que las leyes no deberían ser juguetes en manos de los oradores. En épocas modernas, el artículo 4 del Código de Ética del Colegio de Abogados establece que “el abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país. Por ello, debe (…) ejercer el Derecho con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe.”

Por supuesto que un abogado debe defender los derechos de sus patrocinados, pero, al mismo tiempo, debe mantener un grado de certeza en la interpretación de las normas, sin utilizarlas como arma retórica para atropellarlas si le son adversas o interpretarlas para beneficio propio. Afortunadamente, como reza el dicho, “el diablo está en los detalles” y, con el tiempo, los tecnicismos, los vacíos legales, los resquicios o leguleyadas, quedan en evidencia.

No recuerdo con exactitud en qué momento los abogados ganaron tanto protagonismo mediático. Pero sí recuerdo al primer defensor del expresidente Pedro Castillo reconociendo, sin pudor alguno, que lo hacía para tener exposición pública. Y así, poco a poco, nos fuimos acostumbrando a presenciar diversos episodios de juicios mediáticos donde los principales protagonistas son los abogados (defensores o acusadores), pero también los que integran la Fiscalía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Para no hablar de los que cruzaron a la vereda política y hoy asumen una defensa técnica politizada.

Nos queda claro que un abogado debe defender los intereses de sus clientes, pero también debe asegurar la justicia y el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, su rol de abogado no debería alejarlo de ser, ante todo, un ciudadano responsable y justo, que actúe con coherencia, ética y respeto al fundamento de las normas. Esa falta de certeza ha quedado demostrada, nuevamente, con opiniones contradictorias respecto al fallo del Tribunal Constitucional que suspendió las investigaciones contra Dina Boluarte.

Lamentablemente, hay tantas interpretaciones a las leyes como abogados que la defienden o la critican. Así, dependemos del entendimiento de cada uno de ellos, lo cual crea incertidumbre y, algunas veces, arbitrariedad. Lo más lamentable es que esta falta de certidumbre termina por debilitar aún más el sistema jurídico, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Si los operadores de justicia no respetan el espíritu fundacional y la seriedad de las leyes, el espacio para la manipulación en la ejecución de esas leyes siempre estará presente.