La anunciada paralización del transporte urbano en Lima y Callao no logró concretarse de manera masiva debido a la falta de consenso entre los diferentes gremios del sector, así los señalaron Julio Raurau y Ramón Rubí, presidente y director nacional de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú (CONET), en una reciente entrevista para RPP. Según los dirigentes, la medida careció de respaldo porque fue convocada de manera unilateral, sin coordinación con las principales organizaciones que agrupan a empresas y propietarios de vehículos de transporte público.
De acuerdo a CONET, el paro promovido por la Asociación Nacional de Transportistas e Integración (ANITRA), liderada por Martín Valeriano, no tuvo legitimidad ni representatividad, por lo que fue calificado como “irresponsable”. En ese sentido, indicaron que un sector caracterizado por la atomización y la presencia de múltiples actores, las decisiones deben ser tomadas de manera colegiada para evitar poner en riesgo a los usuarios y a los propios transportistas.
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División interna y falta de representatividad
El gremio explicó que la ausencia de una posición unitaria refleja la fragmentación del sector transporte urbano, compuesto por diversas asociaciones, federaciones y empresas que muchas veces no logran ponerse de acuerdo. Mientras un grupo impulsaba la protesta, otros dirigentes consideraban que no estaban dadas las condiciones para salir a las calles.
“Un paro no se organiza con comunicados ni de un día para otro. Aquí no hubo consenso, y por eso la convocatoria fracasó. No se puede exponer al transporte y a los pasajeros de esta manera”, subrayaron los voceros en declaraciones para el citado medio. Esta falta de coordinación terminó debilitando la medida de fuerza, que apenas tuvo repercusión en algunas rutas específicas, sin afectar de manera significativa la movilidad en la capital.
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Inseguridad y extorsiones
Más allá del paro, los transportistas coincidieron en que la mayor urgencia del sector no está en la protesta, sino en la creciente inseguridad que enfrentan a diario. “Nadie se libra de la extorsión”, advirtieron los dirigentes, al denunciar que bandas criminales han convertido al transporte en uno de sus principales blancos.
Según sus declaraciones, choferes y empresarios son víctimas de amenazas constantes, cobros ilegales y ataques violentos. En algunos casos, deben pagar cupos a más de una organización delictiva para poder operar en determinadas rutas. Esta situación, sumada a los asesinatos registrados contra conductores en distintos distritos, genera un clima de miedo que afecta directamente el servicio.
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Mesas de trabajo sin resultados
Los gremios también cuestionaron la respuesta del Ejecutivo. Recordaron que el ministro de Transportes y Comunicaciones sostuvo reuniones con representantes del sector y se comprometió a instalar mesas de trabajo, pero estas —según indicaron— se enfocan únicamente en temas administrativos y no incluyen la problemática de la inseguridad.
“Hablan de formalización, de rutas y autorizaciones, pero dejan de lado lo que más nos afecta: el crimen organizado. Este es un tema que debería ser tratado por el Ministerio del Interior, la Policía, la Fiscalía y el Congreso, porque los transportistas estamos indefensos frente a la delincuencia”, precisaron.
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Críticas al Estado y exigencia de protección
Finalmente, los dirigentes reiteraron su malestar por lo que consideran un abandono del Estado. Señalaron que el país atraviesa una situación de “terrorismo urbano”, en la que los transportistas están expuestos a mafias sin recibir la protección adecuada.
“El gobierno debe garantizar la seguridad de quienes trabajamos en las calles. No basta con mesas de diálogo, necesitamos acciones concretas que frenen las extorsiones y los asesinatos”, reclamaron los representantes de Conet en medio de la violencia y la criminalidad que golpea día a día al transporte urbano en Lima y Callao.
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