El parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia) se mostró en contra de la ley de terrorismo urbano, presentada por el Poder Ejecutivo, al considerar que su debate no tiene sentido. Ello, en medio de la insistencia del gobierno de Dina Boluarte y anuncio del titular del Congreso, quien adelantó que su debate será priorizado. En diálogo con la prensa, calificó el tema de “banal”
“Estamos distrayéndonos. El acto terrorista está calificado, está en la Constitución, es pena de muerte, no necesitamos ponerle otro nombre. [Para consider el] Terrorismo urbano, habría que hacer otra norma para terrorismo rural, para terrorismo acuático o terrorismo aéreo, no tienen sentido“, declaró desde el Poder Legislativo.
Al ser consultado por una medida en respuesta a la criminalidad, sostuvo que habría que “mejorar los ángulos que pueden considerarse como actos terroristas y dejar ahí el tema”.
Por su parte, el Ejecutivo insiste que la tipificación del terrorismo urbano como un delito específico permitiría aplicar sanciones más contundentes y luchar contra la criminalidad. Mientras el premier Gustavo Adrianzén ha declarado que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre” y que tenemos un problema de terrorismo urbano en el Perú y hay que aplacarlo”, la presidenta Dina Boluarte considera que la aprobación de dicha norma demostraría “a la delincuencia que no van a poder con nosotros”.
“En mi gobierno no vamos a permitir el caos y la anarquía que muchos quieren sembrar. La seguridad de nuestros compatriotas es una tarea y un compromiso que hemos asumido con un alto sentido de responsabilidad y amor a la patria”, enfatizó la jefa de Estado en el pasado.
¿Qué propone la iniciativa?
El proyecto propone penas de entre 20 y 30 años de cárcel, con 365 días-multa, para quienes incurra en dos o más actos, como extorsión, sicariato y secuestro, generando “zozobra en la población o en un sector de ella, con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, prevalencia o hegemonía en la actividad criminal”. La iniciativa legislativa también plantea que la pena será mínimo de 30 años, en cualquiera de estas agravantes:
- Si el agente o alguno de los que realiza terrorismo urbano, es de nacionalidad extranjera.
- Si el agente pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.
- Si el agente emplea armamentos, materias o artefactos explosivos.
- Si el agente posea, use o emplee armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía.
- Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de una cárcel, donde se encuentre internado.
- Si el agente utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión.
- Si su comisión conlleva una pluralidad de víctimas.
- Si su comisión tiene carácter transnacional.
Expertos cuestionan su efectividad ante la crisis de inseguridad
Pese a la defensa del Ejecutivo hacia su proyecto, expertos cuestionan la efectividad de la iniciativa. Para el politólogo Noam López, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la medida agrupa delitos ya existentes bajo una nueva denominación que podría generar mayor confusión. En diálogo con Infobae Perú sostuvo que crímenes como el sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de migrantes y explotación sexual ya están tipificados en el Código Penal, y redefinirlos bajo el término “terrorismo urbano” no aportaría soluciones concretas.
El penalista Mario Amoretti también se pronunció en contra. En conversación con La República, calificó esta iniciativa como un “engaño” y “estafa” porque, según menciona, dichos delitos se sancionan con cadena perpetua desde 10 años atrás. “Pretenden sostener que si se aprueba el terrorismo urbano en tales delitos se soluciona la inseguridad que vivimos, la policía y Fiscalía apliquen la ley y tipifiquen como terrorismo que está vigente desde 1992 y también merecen cadena perpetua, la inoperancia del Ejecutivo”, expresó.
Por su parte, en entrevista con Correo, el exministro del Interior Mariano González sostuvo que esta propuesta “no sirve porque son respuestas efectistas” orientadas “para que ciertos sectores de la población tengan la percepción de que se está haciendo algo”.
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