El Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para derogar normas que “atentan contra la inseguridad ciudadana, protegen el crimen organizado e impiden el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en el Perú”.
La misiva está dirigida al presidente del Poder Legislativo, José Jerí Oré. En el texto, recuerdan la faculta que tiene la institución en presentar este tipo de iniciativas, respaldado por el artículo 107 de la Constitución Política, y los artículos 74 y 76, numeral 5 del Reglamento del Parlamento.
De acuerdo con el CAL, en los últimos años, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo han aprobado y publicado diversas leyes y decretos legislativos, respectivamente, sobre al sistema penal.
Esto, mencionan, debía significar “la lucha contra la criminalidad, los procesos de investigación policial y fiscal, el desarrollo del proceso penal y el funcionamiento de determinados instrumentos legales como la colaboración eficaz, la incautación de bienes y productos, así como el cumplimiento de la pena”.
No obstante, so no ha sucedido. El Colegio de Abogados asegura que el impacto inmediato de las normas ha sido “el incremento de la inseguridad ciudadana”, lo cual ha afectado la seguridad nacional, y que, incluso, habría vulnerado derechos fundamentales. Remarcan que se han cobrado vidas de connacionales e involucrado víctimas, incluyendo niños.
“Este conjunto normativo crea un sistema, un régimen atentatorio del Estado Social de Derecho, la convención pacífica, fragmentando más la desconfianza y violencia entre nuestras sociedad civil, la sociedad política y sociedad productiva, que empiezan a ser sujetos de un orden”, sostienen.
De continuar este sistema, se agravarían “los indicadores internacionales y locales que ubican al Perú entre países cuya democracia se viene disminuyendo”. Las leyes que “promueven el crimen organizado” y que “promueven las economías criminales” son las siguientes:
- Ley 31012
- Ley 32052
- Ley 31753
- Ley 31989
- Ley 31990
- Ley 32107
- Ley 32108
- Ley 32130
- Ley 32138
- Ley 32181
- Ley 31990
- Ley 32292
- Ley 32316
- Decreto Legislativo 1585
¿Cuál es la justificación?
El Colegio de Abogados de Lima explica que el aumento de leyes específicas impulsadas por el temor social en materia de seguridad ha generado cambios sustanciales en el funcionamiento de la justicia penal. Estas disposiciones han impactado áreas como la responsabilidad del personal de la Policía Nacional, las competencias del Ministerio Público, la colaboración eficaz, los sistemas y cumplimiento de penas, así como los procedimientos de incautación de equipos para ciertos delitos, según su justificación presentada en el proyecto de ley.
En su análisis, la institución jurídica señala que este enfoque ha puesto en riesgo principios fundamentales del Estado de derecho. Argumentan que la asignación de un rol incrementado a la Policía como directora efectiva de la investigación penal ha desplazado, en la práctica, al Ministerio Público, que por mandato constitucional es el responsable de ejercer la titularidad de la acción penal y actuar como garante de la legalidad. Este cambio advierte el Colegio, podría debilitar el balance institucional y afectar la legitimidad de los procesos penales.
El CAL considera que regresar a la situación legal anterior permitirá combatir la inseguridad con un enfoque más coherente y respetar los principios constitucionales sobre la distribución de funciones en el Estado. La propuesta busca derogar reformas recientes para fortalecer la institucionalidad, evitar respuestas aisladas y asegurar que la justicia penal no se sustente solo en normas surgidas de la coyuntura.
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