El sector transporte formal atraviesa una de las crisis más severas de los últimos años en Lima y Callao. Diversos gremios han anunciado la paralización de actividades este 21 de agosto, una medida que busca presionar al Ejecutivo para atender las denuncias de extorsiones y asesinatos que golpean a los conductores en diferentes zonas de la capital. Las organizaciones sostienen que la violencia ha escalado a niveles alarmantes y que no existen respuestas efectivas de las autoridades.
La convocatoria se presenta como un paro de 24 horas, respaldado por más del 90 % de empresas formales. La protesta se dirige principalmente contra el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a los que responsabilizan de la falta de acciones para proteger a los trabajadores del rubro. En paralelo, los gremios han advertido que si no se adoptan medidas concretas, podrían extender la medida a escala nacional durante septiembre.
Reclamos de los transportistas al Gobierno
Los representantes del sector han detallado un pliego con puntos específicos:
- Solicitan que el Gobierno articule a todas las instituciones del Estado —Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional— para enfrentar las mafias que operan contra los transportistas.
- Reclaman un incremento de personal policial, con mayor preparación en inteligencia y logística, además de la incorporación de exmilitares en tareas de seguridad vial.
- Exigen la renuncia de los titulares de Interior y Transportes, a quienes acusan de inacción frente al crecimiento de las extorsiones.
- Plantean un plazo de 30 días para que las autoridades respondan a sus demandas, caso contrario llevarán a cabo un paro indefinido en todo el país.
Los gremios aseguran que la paralización no es solo una medida de presión, sino un llamado de emergencia para salvaguardar la vida de los choferes y frenar el avance de las bandas criminales.
Extorsiones y asesinatos en aumento
Las estadísticas difundidas por los propios sindicatos reflejan la magnitud del problema. En el último año se han reportado entre 30 y 40 asesinatos de conductores, víctimas de bandas que imponen el pago de “cupos” para permitir la circulación de vehículos en determinadas rutas. Según estimaciones, más del 80 % de empresas formales se ven obligadas a entregar dinero a estas mafias, que recaudarían cerca de 10 millones de soles cada mes.
Los casos se concentran en zonas como Lima Norte, donde operan grupos identificados como “Los Temibles del Centro” y “Los Mexicanos”. Estos utilizan amenazas, atentados con explosivos y ataques armados para consolidar su control territorial. Los transportistas afirman que la falta de presencia policial efectiva ha facilitado la expansión de estas organizaciones.
Alcance de la protesta y respaldo gremial
El paro del 21 de agosto cuenta con el apoyo de entre 449 y 460 empresas de transporte urbano formal. Organizaciones como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), la Cámara Nacional de Transporte Urbano (CNTC), la Coordinadora de Transporte Urbano (CTU) y la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo (AMETUR) han confirmado su participación.
Los dirigentes estiman que alrededor del 90 % del sector se sumará a la paralización, lo que generará un impacto directo en los usuarios de Lima y Callao. La medida se concibe como un primer paso de advertencia, en tanto que los líderes del gremio no descartan radicalizar su postura si el Gobierno no responde con un plan claro y acciones inmediatas.
Respuesta del Ejecutivo ante la convocatoria
Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el titular César Sandoval ha señalado que no habrá paro y que las operaciones de transporte formal se desarrollarán con normalidad. Anunció también la conformación de una mesa de diálogo para discutir soluciones junto a los representantes de los gremios.
No obstante, los transportistas han rechazado estas declaraciones. Voceros como Martín Valeriano, dirigente de ANITRA, recalcaron que la convocatoria sigue en pie y que la única manera de detenerla es con medidas concretas contra la inseguridad. El mensaje hacia el Ejecutivo es directo: sin garantías para la vida de los choferes, no habrá posibilidad de levantar la protesta.
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