La distribución del presupuesto nacional vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Ejecutivo. Un reciente informe de La República reveló que, durante el gobierno de Dina Boluarte, se destinaron recursos muy superiores al control de protestas sociales en comparación con la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más lucrativas y violentas del país.
Según la investigación periodística, el Ministerio del Interior recibió S/1.125 millones en 2025 para el programa “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”. En contraste, el mismo año, los fondos dirigidos al combate de la minería ilegal apenas alcanzaron S/63.2 millones, cifra considerada insuficiente frente a la magnitud del problema.
Cifras que evidencian las prioridades del Ejecutivo
De acuerdo con los registros revisados por La República, el presupuesto contra la minería ilegal mostró variaciones mínimas entre 2023 y 2025. En 2023, Boluarte destinó S/62 millones a este objetivo; en 2024, la cifra se elevó a S/79.7 millones; y en 2025, el monto volvió a reducirse a S/63.2 millones.
Sin embargo, el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz, La Libertad, fue un punto de quiebre. El hecho obligó a la presidenta a viajar a la zona y anunciar un “enfrentamiento sin cuartel” contra las mafias del oro. A raíz de la tragedia, el presupuesto inicial para este año fue modificado a S/83.6 millones, un incremento de poco más de S/20 millones.
La diferencia se acentúa al contrastarlo con el gasto destinado en programas contra protestas. En 2023 se asignaron S/687.4 millones, en 2024 se subió a S/715.6 millones y en 2025 se disparó a S/1.125 millones. Es decir, mientras los fondos para conflictos sociales aumentaron 63,74% en el período, el presupuesto contra la minería ilegal apenas creció 1,98%.
La brecha resulta más llamativa si se considera que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal aurífera mueve aproximadamente US$6.840 millones al año, superando al narcotráfico y la trata de personas.
Policías con pocos recursos
Fuentes policiales consultadas por el medio señalaron que la asignación resulta insuficiente para enfrentar a las bandas criminales. “La minería ilegal ha superado al narcotráfico. Un kilo de cocaína se cotiza en US$2.500, mientras que uno de oro supera los US$100.000. Sin embargo, contamos con pocos recursos para combatir a las mafias del oro”, comentaron.
Los efectivos añadieron que apenas disponen de 40 vehículos para sus operativos, cuando se requieren al menos 200 para cubrir las principales zonas afectadas. “Se combate de manera desigual con organizaciones criminales que manejan mucho más presupuesto que la Policía”, enfatizaron.
De los S/63,2 millones asignados en 2025, solo S/15 millones llegaron a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, unidad especializada en enfrentar la minería ilegal. El resto fue distribuido en otras dependencias, diluyendo la capacidad operativa.
Operativos limitados frente a un negocio millonario
En lo que va del año, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP realizó 3.860 operativos a nivel nacional, de los cuales 1.360 estuvieron vinculados directamente a la minería ilegal. Se incautaron maquinarias, motores, combustible y armas por un valor cercano a S/2.000 millones.
A pesar de los resultados, las autoridades reconocen que el impacto sigue siendo limitado, ya que la estrategia se concentra en los eslabones más débiles de la cadena: los mineros ilegales en los socavones. Los grandes exportadores que adquieren el oro ilícito, sin embargo, permanecen fuera del radar de las operaciones.
Estado de emergencia y fondos mal distribuidos
Tras la masacre en Pataz, el gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia e incorporó S/52,6 millones adicionales para intensificar la fiscalización del transporte de insumos químicos y explosivos.
De ese monto, S/26 millones fueron transferidos a las Fuerzas Armadas, mientras que apenas S/6 millones se dirigieron a la Policía Nacional, institución que cuenta con personal especializado en minería ilegal.
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