Los alcances de la inmunidad presidencial están próximos a definirse. La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, adelantó que los magistrados ya han tomado una decisión sobre la demanda competencial presentada por Dina Boluarte contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, con la que se busca precisar en qué casos puede investigarse a un presidente en ejercicio de su mandato.
En entrevista con RPP Noticias, Pacheco informó que el debate ya concluyó y que actualmente se encuentran en la etapa de recolección de firmas de los magistrados. En ese sentido, expresó su confianza en que la sentencia sea publicada esta misma semana.
La titular del TC destacó que se trató de un tema complejo y que el pleno tardó en alcanzar un consenso, pues era necesario encontrar un equilibrio entre la función de fiscalización del Ministerio Público y la necesidad de que dicha labor no derive en abusos de poder.
“Es un tema complejo que queríamos compaginar, como bien lo dices, por un lado, que se pueda fiscalizar, pero, por otro lado, que no se pueda abusar de esa facultad que tiene el Ministerio Público, que es importantísima, pero que se tiene que ejercer de acuerdo al cargo que ejerce la presidencia de la República”, declaró.
En ese sentido, la presidenta del TC dijo que el fallo no se centra solo Dina Boluarte, sino en todos los mandatarios que la van a suceder.
“Es una sentencia que no mira a la señora Boluarte, simplemente, sino mira a quien sea el presidente de la República. Entonces, como decía, ya tenemos la decisión tomada, estamos como si en etapa de firmas, así que confío en que ya en breve, en esta semana se publique”, agregó.
Finalmente, volvió a garantizar que la decisión fue equilibrada y que todos los magistrados votaron de acuerdo a su punto de vista, lo que evidencia la pluralidad de opiniones dentro del Tribunal.
¿Qué plantea la demanda del Ejecutivo contra el PJ y el Ministerio Público?
La demanda presentada por el Ejecutivo acusaba al Ministerio Público y al Poder Judicial de excederse en sus competencias al realizar diligencias contra la presidenta de la República.
Entre ellas, la solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) para allanar la vivienda de la mandataria y Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones por el caso Rolex. Dicho pedido fue autorizado por un juez, pero, según los ministros de Estado y los abogados de la jefa de Estado, afecta la investidura presidencial.
Si el fallo del Tribunal Constitucional (TC) le da la razón al Ejecutivo, todas las evidencias recolectadas en estas diligencias podrían quedar invalidadas.
El artículo 117 de la Constitución establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir el funcionamiento de organismos electorales. Como ninguna de las carpetas abiertas contra Boluarte incluye estos delitos, los procesos deberán continuar únicamente cuando abandone el cargo.
Cabe recordar que el primer presidente investigado y acusado fue Pedro Castillo. De hecho, el Congreso inhabilitó a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por disponer que las indagaciones contra Castillo Terrones no prosiguieran mientras permaneciera en la presidencia.
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