
El congresista y excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, solicitó este viernes la liberación del expresidente Pedro Castillo, luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyera que la privación de libertad del exmandatario fue “arbitraria” y recomendara al Estado peruano disponer su inmediata excarcelación.
El pronunciamiento del organismo internacional se refiere a la detención de Castillo tras el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y un gobierno de excepción. Por estos hechos, afronta un proceso judicial por el intento de golpe de Estado.
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A través de sus redes sociales, el también exministro de Estado expresó su respaldo al exjefe de Estado y sostuvo que el Perú debe atender las recomendaciones formuladas por los expertos de la ONU. Asimismo, afirmó que el dictamen respalda la posición que la defensa de Castillo ha sostenido desde su detención.
“La justicia internacional habló: la detención de Pedro Castillo fue arbitraria. El Perú no puede ignorar las recomendaciones de la ONU”, escribió en su cuenta oficial.
En otra publicación, Sánchez convocó a una movilización en respaldo del exmandatario y anunció una conferencia de prensa para el próximo lunes 13 de julio.
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“Los pueblos del Perú de todas las sangres nos preparamos para movilizarnos, en ejercicio de nuestro derecho constitucional, en respeto a los derechos humanos y al derecho internacional contra las detenciones arbitrarias e ilegales, exigiendo la liberación del presidente”, señaló.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional de Juntos por el Perú también saludó la publicación del dictamen del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. En un pronunciamiento, la agrupación exhortó al presidente José María Balcázar a atender las recomendaciones del organismo internacional y disponer la libertad inmediata de Pedro Castillo, garantizando el respeto de sus derechos fundamentales.
Castillo también invocó el informe de la ONU
El propio Pedro Castillo, quien continúa autodenominándose “presidente constitucional” pese a haber sido vacado por el Congreso y reemplazado en el cargo por su entonces vicepresidenta, también se pronunció tras conocerse el dictamen de la ONU.
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A través de un comunicado, exhortó al Estado peruano a cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo y aseguró que ignorarlas implicaría incumplir obligaciones internacionales.
“Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”, sostuvo.
Cabe precisar que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no tiene carácter vinculante, por lo que sus recomendaciones no obligan al Poder Judicial peruano a ordenar la liberación de Castillo. Su situación jurídica continúa siendo resuelta por las autoridades nacionales en el marco de los procesos penales que enfrenta.
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¿Qué dice el informe de expertos de la ONU?
El pronunciamiento citado por Sánchez corresponde al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, un mecanismo independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su dictamen, el grupo concluyó que la detención del expresidente fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación, otorgarle una reparación e investigar las presuntas vulneraciones a sus derechos.
No obstante, especialistas en derecho internacional han precisado que este tipo de dictámenes no tiene carácter vinculante, por lo que sus recomendaciones no obligan al Poder Judicial peruano a disponer la excarcelación de Castillo. La decisión sobre su situación jurídica continúa en manos de las autoridades nacionales.
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Pedro Castillo continúa afrontando un juicio
Pedro Castillo permanece recluido mientras enfrenta el juicio oral por el presunto delito de rebelión, a raíz del mensaje a la nación que brindó el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y un gobierno de excepción, medidas que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado.
Además de este proceso, el exmandatario es investigado en otros casos por presuntos delitos de corrupción durante su gestión presidencial.
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