El caso de corrupción en el programa de alimentación escolar Qali Warma sumó un nuevo capítulo tras la difusión de una investigación de Punto Final. Un colaborador eficaz reveló que Víctor Salazar Cóndor, exfuncionario de la entidad y hoy prófugo de la justicia, pidió S/1 millón supuestamente destinado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República. Ese dinero, según la declaración, debía provenir de la familia Burga, propietaria de la empresa Frigoinca, con el objetivo de obtener contratos con el Estado y evitar fiscalizaciones.
El testimonio vincula directamente a Nicanor Boluarte en una presunta negociación ocurrida en 2022, en locales de Magdalena y San Isidro, donde se habrían realizado encuentros entre Salazar y los dueños de Frigoinca. La declaración apunta a que el pago millonario se planteó como condición para designar a Salazar como director ejecutivo del programa. La información coloca nuevamente al hermano de la mandataria en el centro de cuestionamientos relacionados a presuntos actos de corrupción.
El rol de Víctor Salazar en Qali Warma
Víctor Salazar Cóndor ingresó al programa Qali Warma en 2019, cuando fue nombrado jefe de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación. Según la Fiscalía, en paralelo a su sueldo percibió sobornos por S/53.500 provenientes de la empresa Frigoinca.
Un colaborador eficaz relató que Salazar no era un funcionario cualquiera dentro de la trama. Se le atribuye la condición de enlace entre la familia Burga y el entorno cercano a la presidenta Dina Boluarte. La investigación detalla que en 2022 los empresarios pidieron que no se exigieran pruebas de ADN en las conservas de res, ya que en algunos enlatados se usaba carne de caballo. El requerimiento se habría cumplido bajo la supervisión de Salazar, lo que permitió a la compañía seguir abasteciendo a escolares con alimentos en malas condiciones.
Nicanor Boluarte y los vínculos previos
Antes de asumir funciones en Qali Warma, Salazar trabajó en el Programa Nacional de Becas del Ministerio de Educación. En 2014 coincidió con Nicanor Boluarte, quien era entonces presidente del comité de contratación docente en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.
Los nexos del hermano de la mandataria con esa institución también quedaron en evidencia cuando Dina Boluarte fue ministra de Inclusión Social. En ese periodo, Nicanor gestionó que su amigo de infancia, Víctor Torres, obtuviera órdenes de servicio en Qali Warma sin cumplir los requisitos establecidos. Estos antecedentes refuerzan los cuestionamientos sobre la influencia que ejercía en el sector y sobre la forma en que se favorecían designaciones de confianza.
La relación con Fredy Hinojosa
Otro nombre que aparece en el caso es el de Fredy Hinojosa, exdirector de Qali Warma. Según las investigaciones, cinco meses después de que asumiera el cargo en 2019, incorporó a Salazar en un puesto de confianza. Ambos permanecieron en la institución hasta 2022, año en que dejaron la entidad en medio de observaciones por contratos irregulares.
Ese mismo año, Salazar fue señalado de haber facilitado acuerdos con proveedores por un total de S/179 millones, pese a documentos falsificados y deficiencias en la calidad de los alimentos. El Ministerio de Inclusión Social llegó incluso a autorizar que la cartera asumiera sus gastos de defensa legal. Posteriormente, en 2023, cuando Hinojosa era gerente general de la Superintendencia de Bienes Estatales, Salazar recibió órdenes de servicio por S/28 mil, lo que confirma que ambos mantuvieron relación laboral fuera de Qali Warma.
Un prófugo clave en la investigación
El 19 de noviembre de 2024, Salazar viajó a España y desde entonces no retornó al Perú. Su abogada, Katherine Cortez Miñán, afirmó que realiza un doctorado en ese país, aunque evitó precisar en qué universidad o ciudad. Para la Fiscalía, su testimonio es determinante, ya que podría corroborar la versión sobre la supuesta solicitud de S/1 millón atribuida a Nicanor Boluarte.
A pesar de su condición de prófugo, documentos bancarios y declaraciones de colaboradores eficaces han permitido reconstruir parte de las operaciones de Salazar. Según la investigación, en 2024 emitió recibos por honorarios a Frigoinca por S/43 mil, siempre vinculados a asesorías que mantenían su influencia en Qali Warma. Además, la Fiscalía determinó que recibió S/41 mil a través de la cuenta de Yohanna Cavero, exsubordinada suya en el Programa Nacional de Becas, quien negó haber recibido esos montos.
La investigación fiscal continúa abierta y coloca nuevamente a Nicanor Boluarte como una figura señalada en un esquema de pagos y favorecimientos en torno al programa Qali Warma, en el que los principales afectados fueron los escolares beneficiarios del servicio de alimentación estatal.
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