La reciente promulgación de la ley de amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte, que favorece a policías, militares y miembros de comités de autodefensa implicados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000), provocó una inmediata reacción en sectores del Congreso de la República. Los legisladores Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) presentaron dos proyectos de ley para derogar la norma, por considerarla un retroceso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
El Proyecto de Ley N.º 12095/2025-CR, presentado por Pariona, plantea dejar sin efecto la Ley N.º 32419 por vulnerar los compromisos internacionales asumidos por el Perú en la Convención Americana de Derechos Humanos. Reymundo, por su parte, presentó una iniciativa similar en la misma línea.
Ambos congresistas recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano suspender el trámite de promulgación y exhortó a los jueces nacionales a no aplicar la norma, con el fin de evitar impunidad en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, calificados como crímenes de lesa humanidad.
La Corte IDH fue sido enfática: las amnistías, prescripciones y mecanismos que impidan investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos son inadmisibles.
Comisión de Constitución, el filtro decisivo
Las iniciativas deberán pasar primero por la Comisión de Constitución, actualmente presidida y dominada por Fuerza Popular. El grupo de trabajo está compuesto además por representantes de Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú, Honor y Democracia, así como por bancadas de izquierda.
Cabe recordar que bajo la presidencia del fujimorista Fernando Rospigliosi, la comisión fue el motor que impulsó la controvertida norma finalmente promulgada por Boluarte el 14 de agosto.
Más de 600 procesos en riesgo
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que la ley impacta directamente en 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos judiciales en curso por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres ocurridas durante el periodo de violencia interna.
“Constituye una afrenta al derecho a la verdad, la justicia y la reparación de miles de víctimas”, señaló el colectivo en un pronunciamiento.
Los beneficiados: Urresti, Rivas y el Grupo Colina
Entre los potenciales beneficiados figuran nombres emblemáticos. El exministro Daniel Urresti, condenado a 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, podría acogerse a la ley en 2026 al cumplir 70 años.
Martín Rivas, jefe operativo del Grupo Colina y condenado por múltiples masacres, alcanzará la edad requerida en 2027. Otros integrantes de esa organización, como Jesús Sosa Saavedra y Carlos Pichilingue, también están a la expectativa de obtener su libertad.
La promulgación de la norma coincidió con el aniversario de la masacre de Accomarca (1985), en la que fueron asesinadas entre 61 y 69 personas, incluidos mujeres y niños, bajo el mando del subteniente Telmo Hurtado.
Rechazo nacional e internacional
La norma no solo fue criticada por la Corte IDH y la ONU. En el Perú, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresaron su rechazo. Andrea Pochack, de la CIDH, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, coincidieron en señalar que la ley viola estándares internacionales y abre la puerta a la impunidad.
“Este retroceso debe revertirse de inmediato”, advirtió Türk, al tiempo que la CIDH recordó que el Perú tiene la obligación de garantizar justicia para las víctimas y no encubrir a los perpetradores.
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