En la isla de Santa Rosa, en la triple frontera amazónica, continúan las diligencias por la detención de dos ciudadanos colombianos dedicados a labores de topografía. Ambos fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú cuando efectuaban mediciones en el puerto de la zona, sin que hasta el momento se haya definido si contaban con las autorizaciones necesarias para operar en territorio nacional.
La Fiscalía de Caballo Cocha asumió el caso y dispuso la permanencia de los extranjeros en la sede policial hasta que se cumpla el plazo de detención de 48 horas. Las investigaciones se desarrollan en un contexto marcado por tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia, luego de que un político del vecino país colocara una bandera colombiana en un punto de la frontera, hecho que generó un intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos.
Investigación por atentado contra la integridad nacional
El Ministerio Público informó que los dos detenidos son investigados por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional, una figura penal que sanciona actos que puedan vulnerar la soberanía y el territorio del país. Según el abogado defensor, Carlos Araujo, este cargo se formalizó a partir de su intervención en una zona considerada sensible por las autoridades peruanas.
Araujo explicó que los colombianos se encontraban contratados para ejecutar un estudio de batimetría en el cauce del río Amazonas. La labor consistía en tomar mediciones relacionadas con la instalación de un futuro muelle en la ciudad de Leticia. Este encargo fue realizado por la empresa Latif, adjudicataria de un proyecto del Instituto Nacional de Vías (Invías) de Colombia, organismo estatal responsable de obras de infraestructura.
Versión de la defensa sobre los trabajos realizados
El abogado detalló que los trabajos no tenían como finalidad modificar hitos o puntos limítrofes. Sostuvo que la tarea era de carácter técnico y se limitaba a evaluar el estado de estructuras metálicas ya instaladas en el río, las cuales, indicó, mostraban signos de deterioro. Aclaró que este tipo de labores son comunes en proyectos de ingeniería civil y requieren mediciones precisas con equipos especializados.
La defensa presentó documentos y contratos para respaldar la presencia de sus patrocinados en la zona. También señaló que el problema podría originarse en la falta de trámites previos ante Migraciones Perú o la Municipalidad de Santa Rosa. En su opinión, se trataría de un asunto administrativo por no registrar formalmente el ingreso o solicitar el permiso correspondiente para usar un área del puerto.
Declaraciones frente a la acusación de “secuestro”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en redes sociales que los ciudadanos detenidos habían sido “secuestrados” por la policía peruana. Frente a ello, Araujo calificó la acusación como una expresión inexacta y aseguró que la intervención se realizó siguiendo los procedimientos legales. “La policía ha respetado los derechos de los ciudadanos y no ha existido maltrato alguno”, declaró a TV Perú.
El abogado consideró que la controversia política surgida por la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano un día antes de la detención influyó en la interpretación del caso. Dijo que, aunque sus defendidos no guardan relación con ese acto, las autoridades podrían haber vinculado ambos hechos por su cercanía en el tiempo y en la ubicación geográfica.
Diligencias previstas en la zona de La Punta
Las investigaciones incluyen una diligencia programada para mañana en la zona de La Punta, lugar donde el político colombiano Daniel Quintero instaló la bandera. El Ministerio Público y la Policía Nacional acudirán para realizar una inspección en el sitio y recabar información que permita determinar posibles conexiones con la intervención a los topógrafos.
De acuerdo con la programación fiscal, los detenidos permanecerán bajo custodia hasta que se cumpla el plazo legal y se evalúe si corresponde solicitar medidas adicionales. La defensa confía en que, con la documentación pendiente por presentar, se podrá acreditar que los trabajos ejecutados formaban parte de un encargo técnico vinculado a una obra pública colombiana sin intención de vulnerar la soberanía peruana.
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