El exviceministro del Interior Ricardo Valdés alertó que la extorsión se ha consolidado como uno de los crímenes más frecuentes y dañinos en el Perú. En entrevista con Canal N, sostuvo que este delito ha superado con creces su nivel de incidencia en los últimos años, al punto de convertirse en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la economía local.
Según indicó, en 2021 se registraban alrededor de diez denuncias diarias por extorsión. Actualmente, la cifra se acerca a las 70 por día, con un promedio exacto de 69 casos reportados. Este crecimiento acelerado ha puesto en evidencia la magnitud del problema y la necesidad de abordarlo con estrategias distintas a las tradicionales.
Nueve formas distintas de extorsión
Durante su participación en Canal N, Valdés explicó que existen al menos nueve modalidades activas de extorsión en el territorio nacional. Entre las más comunes mencionó el sistema de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, el cobro de cupos a comerciantes y transportistas, así como las amenazas telefónicas que se originan desde centros penitenciarios.

Afirmó que esta diversidad de métodos ha contribuido a la expansión del delito, dificultando su control. La facilidad con la que los grupos criminales se comunican con sus víctimas y la falta de un impacto real del patrullaje o la presencia policial en la vía pública son factores que, según Valdés, permiten que la extorsión continúe operando con fuerza.
Negocios obligados a cerrar por amenazas
El también director del Observatorio del Crimen y la Violencia señaló que las consecuencias de este delito no solo se reflejan en las cifras policiales, sino también en la vida cotidiana de los ciudadanos. Mencionó que, en el último año, uno de cada tres peruanos ha sido testigo del cierre de algún negocio en su entorno como resultado directo de la inseguridad, especialmente por casos de extorsión.
En Lima, el impacto es aún más evidente. De acuerdo con las cifras recogidas por encuestas del observatorio, la mitad de los residentes en la capital ha visto cómo establecimientos comerciales de su barrio han dejado de operar a causa de amenazas o ataques. Esta situación ha deteriorado el tejido económico y social en diversos distritos.

Casi un tercio de limeños ha recibido llamadas extorsivas
Valdés también hizo referencia a un estudio elaborado en abril por su equipo, en el que se consultó a ciudadanos de distintas regiones si habían sido víctimas de extorsión telefónica. Uno de cada cinco peruanos dijo haber recibido una llamada con fines extorsivos en los tres meses previos a la encuesta.
En el caso de Lima Metropolitana, el porcentaje fue mayor. El 27 % de los encuestados indicó que había sido contactado por delincuentes que intentaron intimidarlos o exigirles dinero. Estas cifras confirman que el problema no solo afecta a empresas o grandes negocios, sino también a ciudadanos comunes en distintos contextos.
Extorsión fuera del alcance del patrullaje
Finalmente, el exviceministro advirtió que las estrategias convencionales de seguridad, como la asignación de patrulleros o el patrullaje por cuadrantes, no son efectivas frente al delito de la extorsión. Señaló que este tipo de crimen no depende del control territorial físico, lo cual dificulta una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

Valdés subrayó que, mientras no se apliquen medidas específicas para atacar las redes de extorsión desde sus fuentes —como los penales o los sistemas informales de préstamos—, el problema seguirá escalando. Su intervención en Canal N buscó llamar la atención sobre la urgencia de un enfoque diferenciado frente a esta amenaza que afecta a miles de personas cada día.
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