Durante la mañana del 31 de julio, Elizabeth “Ketty” De Los Santos llegó como lo hacía regularmente a la Plaza Federal de Nueva York. Su cita era parte del proceso legal que seguía desde que buscó refugio en Estados Unidos. Salió de Perú, donde tenía una panadería, después de recibir amenazas de muerte de extorsionadores que exigían pagos imposibles. En la audiencia no hubo sorpresas, pero al salir, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la interceptaron. Fue arrestada y, poco después, trasladada a un centro de detención en Luisiana.
El caso generó reacciones inmediatas en la comunidad episcopal de Manhattan. La reverenda Este Gardner, rectora de San Bartolomé, publicó un mensaje en Facebook: “De Los Santos cumplía con las normas. Se presentó para continuar con su caso. Ahora se encuentra en un centro de detención en Luisiana. Duermen en el suelo. Las condiciones son terribles. La presionan constantemente para que firme documentos de autodeportación, algo que está muy tentada a hacer”. La situación de De Los Santos fue compartida también por miembros del clero y activistas, quienes expresaron su preocupación sobre el trato que reciben personas que asisten voluntariamente a sus audiencias de inmigración.
De Los Santos había logrado establecer vínculos con la comunidad episcopal desde su llegada. La Iglesia se convirtió en su red de apoyo y el lugar donde pudo reconstruir una parte de su vida. El impacto de su detención no solo fue personal, también fue sentido por su entorno. “Nos presentamos… por nuestras hermanas y por miles de personas que no conocemos. Y seguiremos rezando, regresando, exigiendo justicia para todos ellos”, escribió Stephanie Spellers, canóniga residente de la Iglesia Episcopal de San Bartolomé, durante la vigilia realizada frente al edificio federal.
Arrestos tras audiencias
Desde 2017, los arrestos de inmigrantes en lugares públicos, incluidos tribunales, hospitales y oficinas federales, se volvieron más frecuentes. Según datos citados por el New York Times, más de la mitad de los inmigrantes detenidos en la zona metropolitana de Nueva York fueron arrestados tras presentarse voluntariamente ante las autoridades. Entre enero y junio, al menos 2.365 personas fueron detenidas bajo estas circunstancias. De Los Santos no fue la única. Ese mismo día, Jeunsoo Go, una estudiante surcoreana de 20 años con visa válida, también fue detenida tras asistir a su cita migratoria.
Ambas fueron trasladadas al Centro Correccional Richwood en Monroe, Luisiana. En el trayecto al aeropuerto, el autobús que las llevaba pasó frente a la vigilia organizada por la Diócesis de Nueva York. Mary Rothwell Davis, abogada de inmigración de la Diócesis, relató en CNN que “se sintieron apoyados, pero también se sintieron alejados de su comunidad”.
La Iglesia Episcopal de San Bartolomé, donde De Los Santos participaba activamente, ha movilizado a su comunidad. Desde el 2 de agosto se mantienen vigilias y acciones públicas para exigir su liberación. También se difundieron cartas dirigidas a los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, instándolos a intervenir.
En una publicación sus redes sociales, se lee: “Ella estaba siguiendo las reglas. Apareciendo para continuar con su caso. Ella es una abuela de 59 años que era panadera en Perú cuando su negocio fue extorsionado por matones que amenazaron de muerte cuando no podía conseguir suficiente dinero. Contra todo pronóstico, ella llegó a este país y encontró una familia de la iglesia”.
La presión ejercida por los feligreses se extendió más allá del caso de De Los Santos. En el mismo centro de detención, Jeunsoo Go fue liberada el 4 de agosto, según informó la Diócesis. No ocurrió lo mismo con la ciudadana peruana, cuya situación sigue siendo incierta. Desde la Iglesia, el mensaje se mantiene firme: “Continuará luchando por la liberación de Ketty, junto con tantos otros que siguen sin voz”.
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