En la zona norte del país, las organizaciones delictivas han ampliado su campo de acción y ahora centran sus amenazas en empresas de transporte privado que trasladan personal de grandes compañías. Estos grupos exigen fuertes sumas de dinero bajo la modalidad de cobro de cupos, utilizando ataques armados y mensajes intimidatorios para presionar a los empresarios y choferes. El objetivo ya no es únicamente el transporte público convencional, sino un sector que hasta hace poco parecía mantenerse al margen de esta modalidad de crimen.
El caso más grave registrado recientemente involucra el asesinato de la esposa de un conductor, quien fue atacada en su vivienda ubicada en el centro poblado La Villa, en Sayán. Según los testimonios, los extorsionadores tienen identificadas las rutas, los vehículos y hasta los datos de las personas que trabajan en estas unidades, lo que les permite ejecutar acciones violentas de manera selectiva. Las denuncias han sido presentadas ante la Policía, sin embargo, las amenazas continúan y los empresarios temen por la seguridad de sus trabajadores y pasajeros.
Transporte privado en la mira de las mafias
Empresarios dedicados al traslado de personal para compañías de sectores como minería y agricultura han denunciado que reciben constantes mensajes en los que se les exige el pago de hasta 20 mil soles para permitirles operar sin represalias. Las comunicaciones incluyen advertencias directas de ataques contra las unidades, sus conductores y familiares.
De acuerdo con los afectados, los extorsionadores conocen en detalle los recorridos y características de los vehículos, lo que revela un seguimiento previo y un control territorial en la zona. Incluso, se ha reportado que ciertas organizaciones colocan adhesivos o marcas en unidades y negocios para identificarlos como parte de su “jurisdicción”, una práctica que, según los testimonios, busca reforzar el dominio criminal sobre la actividad económica local.
Ataque mortal en La Villa de Sayán
El episodio más violento ocurrió cuando un sujeto armado ingresó a la vivienda de un conductor y abrió fuego, causando la muerte de su esposa. La unidad se encontraba estacionada en el lugar y, según el relato del empresario afectado, el hecho ocurrió en un contexto de amenazas previas por negarse a pagar el monto exigido.
La zona del centro poblado La Villa ha sido señalada por los denunciantes como un punto controlado por bandas que actúan con total impunidad. Estas organizaciones imponen sus condiciones y, en algunos casos, establecen acuerdos tácitos para no invadir los territorios de otros grupos delictivos. Los empresarios aseguran que esta situación ha generado temor generalizado entre los pobladores y trabajadores, quienes prefieren no brindar declaraciones por miedo a represalias.
Denuncias ante las autoridades
Las víctimas han recurrido a abogados para presentar las denuncias correspondientes y buscar que los casos sean investigados por fiscalías especializadas. Según el representante legal de uno de los empresarios, el Ministerio Público debe abrir carpetas fiscales y ejecutar diligencias urgentes como allanamientos y detenciones preliminares contra los presuntos responsables.
A pesar de que las denuncias están registradas, los empresarios aseguran que las investigaciones avanzan lentamente y que no han recibido respuestas concretas. Algunos han optado por acudir directamente a Lima para exigir que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tomen acciones inmediatas que permitan frenar las amenazas y restablecer la seguridad en la zona. Mientras tanto, los mensajes extorsivos continúan llegando a los teléfonos de los transportistas, incrementando la preocupación entre los trabajadores y sus familias.
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