Falsos aportantes complican situación de Susana Villarán: ciudadanos habrían sido utilizados para encubrir casi un millón de soles

En distritos como Villa María del Triunfo y Surco, decenas de vecinos se enteraron, a través de notificaciones oficiales y llamadas de la Fiscalía, que sus nombres habían sido utilizados como supuestos aportantes económicos a la campaña política de Susana Villarán en 2014. Muchos de ellos, trabajadores independientes y residentes de zonas humildes, declararon no haber dado ni un sol para fines partidarios y ni siquiera tener vínculos con la exalcaldesa o su entorno.

Orlando Salazar Gamboa fue uno de los primeros contactados. Vive en la tablada de Lurín y, según registros presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habría entregado mil soles en efectivo a la campaña de Villarán. Consultado al respecto, Salazar negó haber participado en ninguna actividad política, afirmó desconocer a Villarán y relató cómo incluso fue falsificada su firma en los documentos de aportes reportados.

Punto Final logró identificar otros ejemplos similares, como el de Jorge Machuca Cerdán, quien apareció en los reportes como donante de 80 mil soles. Su hermano y él mismo confirmaron a la Fiscalía y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que jamás hicieron ese aporte y que la campaña nunca rectificó el error, pese a sus reclamos.

El nombre de Maximo Córdova —un taxista con problemas de salud y recursos económicos limitados— figura también como aportante, aunque él mismo relató que nunca destinó dinero a campañas políticas ni firmó documento alguno. Sabina Rodas Quispe y Gregorio Valdivia Torres, por su parte, aseguraron haber sido estudiantes sin empleo o haber atravesado problemas médicos que les impedían contar con recursos para realizar donaciones. Un familiar de Nelsón Castañeda, otro caso, ratificó que no hubo ningún aporte.

Estos relatos forman parte del expediente fiscal en la investigación contra Susana Villarán, su entorno y principales colaboradores, entre ellos Marco Zevallos, quien se desempeñaba como personero legal de la agrupación Diálogo Vecinal y firmó los informes oficiales de ingresos y gastos de la campaña de reelección de 2014.

La gravedad del caso radica en que, según la fiscalía, este patrón se repite con al menos 65 personas que han negado cualquier relación con los aportes reportados. El monto atribuido a los aportantes negados suma casi un millón de soles, muy superior a los cuatro casos detectados por la ONPE tras las elecciones municipales. Las investigaciones han detectado que estas identidades se utilizaron como fachada para justificar la entrada de millones de dólares provenientes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

La fiscalía sostiene que, entre 2013 y 2014, las campañas de Villarán —tanto la del No a la Revocatoria como la de su reelección— recibieron millonarios aportes no declarados: tres millones de dólares de Odebrecht y cuatro millones de dólares de OAS, parte de ellos supuestamente entregados a cambio de contratos municipales como el proyecto Línea Amarilla. Los informes oficiales, sin embargo, solo reconocían ingresos por poco más de un millón de soles.

Estos datos fueron firmados por el personero legal Marco Zevallos, la contadora Monica Pozo y el tesorero José Castro Joo. El Ministerio Público señala que la estrategia permitió a Villarán y sus allegados encubrir el maquillaje financiero de las campañas y responder a los requisitos de la ONPE mientras recibían dinero fuera del escrutinio público.

El 23 de septiembre está programado el inicio del juicio. Susana Villarán, junto a Zevallos y otros excolaboradores, enfrenta cargos por presunto lavado de activos, cohecho y asociación ilícita, delitos cuya sanción solicitada supera los 18 años de prisión. El expediente incluye decenas de testimonios de vecinos y trabajadores que hoy denuncian públicamente el uso indebido de su identidad para ocultar maniobras de alto impacto político y financiero.

Hasta la fecha, ni Villarán ni Zevallos han respondido ante la prensa sobre los testimonios de los supuestos aportantes. El Ministerio Público considera que la cantidad y contundencia de esas declaraciones serán una de las principales pruebas en el proceso judicial contra la exalcaldesa y su equipo.