
La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó un dictamen de la Ley de Créditos Suplementarios, donde también se extiende por tres años el mandado del presidente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Manuel Castillo, así como el resto del Consejo Directivo. El documento establece que el mandato de todo el Consejo inicia a partir de la vigencia de la Ley.
Así lo advirtió el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, quien, según Latina, también refirió que el cambio fue un pedido de las parlamentarias Nelcy Heidinger y Magaly Ruiz, quienes pertenecen a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), al igual que la presidenta del grupo de trabajo de Presupuesto.
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“¿Por qué gente del señor Acuña, que es dueño de la universidad César Vallejo, que creo tiene más de 100 mil alumnos, esté comprometido con esto, porque cree las decisiones que pueda tomar la Sunedu estén supeditadas a sus decisiones propias", cuestionó el excongresista Daniel Mora.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) manifestó su rechazo a esta decisión y aseguró que esto representa un atentado contra la autonomía universitaria consagrado en el artículo 18 de la Constitución política del Perú, contra el Estado de derecho.
“Afecta derechos fundamentales y el derecho a elegir y ser elegido que tienen las universidades públicas. La lucha por la autonomía tiene como esencia la autonomía del poder político de turno, como el que capturó el sistema universitario desde el 2014 al 2021, y de ninguna manera se puede permitir que suceda lo mismo con la aprobación”, explicaron.
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El controversial mandato de Manuel castillo
Manuel Castillo fue ratificado, en febrero de este año, como jefe de la Sunedu tras una serie de controversias y cuestionamientos en torno a su gestión. La confirmación de su cargo se formalizó pese a las críticas provenientes de distintos sectores académicos y políticos, que pusieron en duda la imparcialidad de la institución encargada de regular la educación universitaria en el país.
La decisión de mantener a Castillo al frente de la superintendencia se produce en un escenario donde la entidad enfrenta presiones por presuntos casos de injerencia política. Diversos gremios universitarios y representantes de la sociedad civil han señalado que bajo la actual administración, Sunedu podría estar afectando la autonomía universitaria e influyendo en los procesos de licenciamiento, una situación que ha sido motivo de debate entre las autoridades del sector.
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Organizaciones estudiantiles y colectivos académicos exigieron una evaluación transparente sobre la permanencia de Castillo. Argumentaron que su continuidad podría comprometer la imagen y la confianza en el sistema de supervisión universitaria. Estos grupos, además, pidieron investigar las presuntas irregularidades e indicaron que cualquier decisión al respecto debía basarse en criterios estrictamente técnicos.
En medio de estas tensiones, el Ministerio de Educación defendió la ratificación de Castillo, señalando que su gestión se ha apegado a la normativa vigente y ha buscado fortalecer la calidad educativa en el país. No obstante, la controversia sigue abierta y diversos actores han pedido reforzar los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la Sunedu para evitar actos que puedan menoscabar su independencia institucional.
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