Congresista María Acuña se apropió nuevamente de espacio público, esta vez en Chiclayo: tenía orden de demolición desde 2022

La congresista María Acuña, miembro de Alianza para el Progreso (APP), ha sido denunciada nuevamente por ocupar ilegalmente espacios públicos. Según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder, no solo cercó parte de un parque en Santiago de Surco, como ya se había reportado anteriormente, sino que también invadió una calle completa en Pimentel, Chiclayo.

En esta segunda intervención, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) levantó un cerco perimétrico en plena vía pública, bloqueando la continuidad de la calle N, ubicada en la urbanización El Santuario, junto al colegio Ceibos.

La Municipalidad Distrital de Pimentel emitió una orden de demolición en 2022 por afectar el tránsito. Sin embargo, hasta julio de 2025, la estructura seguía instalada. Durante una entrevista televisiva, Acuña negó responsabilidad y alegó desconocimiento de cualquier resolución.

Sostuvo que sus abogados gestionaban todo lo relacionado con su predio. No obstante, el regidor Enrique Yeckle y la arquitecta municipal Leonor Plaza confirmaron la notificación de la medida y la verificación técnica de la invasión.

El predio, de más de dos mil metros cuadrados, pertenece a la legisladora y su esposo, Elver Díaz Bravo. Imágenes aéreas y documentos oficiales evidencian que construcciones de material noble fueron levantadas sobre la calle ocupada, donde también funciona un taller de carpintería.

El dominical reseñó que, pese a la resolución vigente, el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Sousa, del mismo partido que Acuña, evitó aplicar la medida. La parlamentaria mandó demoler por su cuenta la invasión el mismo día en que fue descubierta y confrontada.

Caso Surco

La semana pasada, Cuarto Poder reveló que Acuña invadió 118 metros cuadrados del parque N.º 17, ubicado en la urbanización Los Álamos de Monterrico. En el área ocupada se identificaron estructuras de carpintería, cercos metálicos, calaminas y una puerta con un cartel que dice “Bienvenidos”.

De acuerdo con el informe, la empresa Los Alizos EIRL, cuyo titular es la congresista desde el año 2015, adquirió en junio de 2023 el predio en cuestión, valorizado en más de 530 mil dólares. La compañía, con un capital social inscrito de S/ 6.7 millones, tiene como representante legal a una persona con antecedentes por usurpación, estafa y lavado de activos, conforme a registros oficiales citados en la misma fuente.

El alcalde del distrito, Carlos Bruce, solicitó a la legisladora el retiro inmediato de la construcción no autorizada y anunció que, de no haber una demolición voluntaria, la municipalidad procederá conforme a la ley.

“El caso es contundente. Lo mejor es que la congresista voluntariamente retire el espacio invadido y demuela la construcción que se ha hecho ahí. De no ser el caso, la ley nos establece un procedimiento por el cual lo haríamos como municipio, que es el demoler. Hay un procedimiento. Cuando es un espacio público, calculo que en 45 días ya estaríamos demoliendo”, declaró en diálogo con Canal N.

Bruce enfatizó su expectativa de que la parlamentaria coopere: “Estoy seguro y espero que la congresista no nos haga llegar a eso y que voluntariamente demuela lo que se ha invadido para estar de acuerdo a ley”, continuó.

Asimismo, informó que ya se ha iniciado el contacto con los propietarios del inmueble involucrado. “Esta mañana he indicado que se pongan en contacto con los dueños del inmueble para involucrarles, que voluntariamente se retiren del área pública. De lo contrario, lo haríamos nosotros de manera compulsiva”, añadió.