La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República mandó al archivo la denuncia que pesaba sobre la presidenta Dina Boluarte por las muertes de más de 40 personas, durante las protestas en su contra, de diciembre 2022 y enero del 2023.
Otro punto importante de la sesión de este viernes 18 de julio, es que no hubo ninguna participación de un congreso, además de la del delegado José Jerí, de Somos Perú. En consecuencia, no hubo debate y solo se realizó la votación.
Los legisladores que se pronunciaron en contra son Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre; y Pasión Dávila, de la Bancada Socialista. Por otro lado, los que apoyaron que se archive de la denuncia, lo que resultó en un blindaje a la mandataria, son:
- Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia)
- Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular)
- Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular)
- Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular)
- Ventura Ángel (Fuerza Popular)
- Nelcy Heidinger Ballesteros (Alianza para el Progreso)
- María de los Milagros Jauregui (Renovación Popular)
- Esdras Medina Minaya (Renovación Popular)
- Elvis Vergara mendoza (Acción Popular)
- Segundo Quiroz Barboza (No agrupado)
- María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso)
- Jorge Coayla Juarez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
- José Jerí Oré (Somos Perú)
¿Qué argumentó José Jeri?
El congresista José Jerí sustentó la propuesta de archivar la denuncia constitucional 509, presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La acusación formulada por el Ministerio Público fue por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves tipificadas en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal.
El legislador aseguró que “no se ha identificado órdenes directas, actuaciones dolosas, ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados lesivos que se pudo evidenciar en ese periodo de tiempo”.
En ese sentido, dijo que no se pudo determinar, hasta la fecha, elementos de convicción suficientes que acrediten fehacientemente, de manera indubitable y objetiva, la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los enunciados.
Esta postura, dice el parlamentario, surge luego de “analizar esto en forma integral los documentos que sustentan esta denuncia, los descargos formulados por los denunciados, las declaraciones vertidas en las audiencias, así como los medios probatorios actuados durante la tramitación del procedimiento”. También, menciona, se tomó en cuenta “los documentos presentados y la participación de la Fiscalía en las propias audiencias de este procedimiento parlamentario”.
Por lo tanto, ante la supuesta falta de pruebas suficientes, la ausencia de elementos que configuren “con claridad los tipos penales señalados”, el informe recomienda que se archive la acusación.
“Sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones en el ámbito de sus competencias a fin de establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a Derecho”, concluyó.
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