El Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, según lo reportado por la cuenta oficial de este organismo. Junto a Boluarte, la denuncia involucra a figuras políticas como el ex primer ministro Pedro Miguel Angulo Arana, el también ex premier Luis Alberto Otárola, el ex ministro del Interior César Angulo Cervantes, así como a Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Tal como informó El Ministerio Público, la denuncia los acusa de ser posibles autores de delitos de lesiones leves y graves en perjuicio de personas como Ronald Rojas Ramos y Michel Chipana Vega, además de otras víctimas identificadas. Estos cargos están relacionados con los disturbios sociales que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en diversas regiones del país, incluidas Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.
“La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana; identificándose a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”, indica el documento.
Abogado de Dina Boluarte critica decisión de la Fiscalía
“Esta investigación es inoportuna, es inconstitucional y debería archivarse”, afirmó Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, en una entrevista a RPP Noticias.
Campos se refirió a las recientes denuncias constitucionales contra Boluarte y seis exministros por presuntas lesiones durante las protestas sociales del periodo 2022-2023. Explicó que estas denuncias, motivadas por el Ministerio Público, carecen de sustento real y buscan presionar al Tribunal Constitucional. “Es un esfuerzo del Ministerio Público para presionar... porque la investigación ya tiene casi 30 meses desde que se inició sin que hubiera un tema”, expresó Campos.
El abogado de la presidenta cuestionó enfáticamente el proceder de los fiscales involucrados. “Son tres fiscales distintos con un mismo Ministerio Público que no entiende lo que finalmente ocurrió”, subrayó, añadiendo que el Ministerio Público archivó la acusación de genocidio tras 18 meses de investigaciones, reconociendo la falta de elementos.
Joseph Campos delineó las motivaciones políticas que, según su punto de vista, subyacen a las acusaciones entabladas contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros de su gobierno. La serie de denuncias, que él califica como un “collage”, surgen en un contexto que describe como intensamente cargado de intereses políticos y no jurídicos.
La acción del Ministerio Público, sostiene Campos, parece orientada más hacia el desgaste político que hacia la búsqueda de justicia: “Lo que está haciendo la Fiscalía, creo yo, lamentablemente, es politizar el derecho y eso lo lamentamos todos”.
El abogado insistió en que el verdadero objetivo de estas denuncias es ejercer presión sobre el Tribunal Constitucional, que está actualmente a cargo de evaluar dos cuestiones fundamentales: un conflicto competencial y un amparo promovido por Boluarte.
En este sentido, resaltó que la prolongación de la investigación, que ya abarca más de 30 meses, desafía los principios constitucionales al extenderse más allá de los plazos razonables establecidos para tales procesos. Como argumentó, “esta investigación ya tiene casi 30 meses desde que se inició sin que hubiera un tema, con lo cual materialmente está durando más que un proceso, cosa que no quiere la Constitución”.
Alberto Otárola tilda de ‘abusiva’ la denuncia constitucional
A través de su cuenta en ‘X’, el expremier Alberto Otárola manifestó que la Fiscalía ejerce “un ejercidio abusivo del derecho al presentar una rercera denuncia por los mismos hechos”.
indicó que “a manera de ruleta procesal construye otro caso, cuando ya hay uno archivado en el Congreso. ¿Salieron a pescar? Saben los fiscales lo que significa el ne bis in idem?.
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