La Junta Nacional de Justicia (JNJ) también costeará la defensa legal de la consejera y vicepresidenta de la institución, la excongresista María Teresa Cabrera, en la investigación que se le sigue por el intento de imponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
“Declarar procedente el otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría legal solicitado por la doctora María Teresa Cabrera Vega, miembro de la Junta Nacional de Justicia, en las investigaciones preliminares que efectúa el Ministerio Público en las carpetas fiscales N° 199-2025 y 200-2025″, se lee en la resolución de la dirección general de la JNJ a la que accedió Infobae.
De acuerdo con el documento, se trata de la investigaciones que inició la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra ella y otros cinco consejeros por los delitos de avocamiento ilegal de proceso en trámite y omisión de actos funcionales.
Los otros miembros de la JNJ implicados en estas pesquisas son Gino Ríos Patio, Jaime de la Puente, Cayo Galindo, Germán Serkovic y Víctor Chanduvi.
De este grupo, la JNJ también ha aceptado financiar la defensa legal de Ríos Patio, De la Puente y Chanduví. De momento solo se conoce el monto que desembolsará la institución por la defensa del presidente de la JNJ: 128.400 soles.
El caso
En junio de 2025, la JNJ ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, anulando su destitución de 2024 por supuestas irregularidades en el proceso disciplinario. La resolución, firmada únicamente por Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, exigía a Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, ceder el cargo a Benavides bajo amenaza de usar la fuerza pública.
Espinoza, respaldada por la Junta de Fiscales Supremos, denunció la orden como ilegal, alegando que su elección en 2024 fue legítima y que la JNJ no tiene competencia para designar al fiscal de la Nación.
El 16 de junio, Benavides intentó asumir el cargo ingresando al Ministerio Público, lo que Delia Espinoza calificó como un “golpe a la democracia”. La fiscal había solicitado días ante al Poder Judicial que suspenda a la extitular del Ministerio Público, pedido que fue acogido el 25 de junio.
Desde entonces, Patricia Benavides se encuentra suspendida por 24 meses por presunta interferencia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Por este caso, Delia Espinoza enfrentó denuncias por desobediencia, abuso de poder y usurpación de funciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió una denuncia contra Espinoza y otros fiscales supremos por no acatar la resolución de la JNJ, lo que podría derivar en su inhabilitación. Además, la JNJ abrió cuatro expedientes disciplinarios contra Espinoza, aunque ella sostiene que la notificación de la resolución fue defectuosa y carece de legalidad.
El caso ha revelado irregularidades en la resolución de la JNJ, como la falta de un acta de votación y la posible manipulación de documentos. Mientras Patricia Benavides apeló la suspensión, Delia Espinoza mantiene el respaldo de fiscales y trabajadores del Ministerio Público, quienes rechazan la intervención de la JNJ en el autogobierno de la Fiscalía de la Nación.
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