Desabastecimiento de retrovirales en Perú: más de 150 personas con VIH denuncian vulneración a su derecho a la salud

Un total de 154 denuncias por vulneración del derecho a la salud de personas con VIH han sido registradas en lo que va del año por el sistema de vigilancia comunitaria GIVAR. El principal motivo es el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales (ARV), base del tratamiento que permite controlar el virus y evitar su transmisión. De estas denuncias, 103 están vinculadas directamente a la ausencia de retrovirales esenciales.

Los casos provienen de diversos puntos del país, pero predominan los reportes en hospitales y centros de atención del Ministerio de Salud (67) y de EsSalud (47). También se han identificado problemas en establecimientos administrados por organizaciones no gubernamentales. La falta de medicación afecta a personas en tratamiento de primera, segunda y hasta tercera línea, es decir, con esquemas avanzados y de mayor complejidad médica.

“Esto no es nuevo, pasa todos los años”

Esta situación no ha pasado desapercibida. Pacientes con VIH han realizado un plantón frente a la sede central del Ministerio de Salud, en Jesús María, para exigir el abastecimiento inmediato de retrovirales. La manifestación fue registrada por Canal N, donde una vocera del Observatorio de VIH denunció que el problema se repite anualmente sin que se tomen medidas efectivas.

“Vivimos esta situación todos los años. No es un error, es una negligencia sistemática”, afirmó durante la transmisión. La protesta buscó visibilizar que miles de personas dependen de una medicación diaria para sobrevivir. Cuando no la reciben, el virus puede reactivarse, generar resistencia y aumentar el riesgo de transmisión. En palabras de los propios manifestantes: “No es que podamos esperar. Si no tomamos la medicación, enfermamos”.

Medicinas con 0% de stock y pedidos sin respuesta

Los testimonios recogidos coinciden con un informe oficial de la DIRIS Lima Centro, que alerta sobre el agotamiento total de medicinas clave. Según datos del CENARES, productos como Abacavir + Lamivudina tienen actualmente un 0% de abastecimiento. Otros fármacos, como Dolutegravir 50 mg y Emtricitabina + Tenofovir, se encuentran en niveles críticos. El medicamento TLD (Dolutegravir + Lamivudina + Tenofovir), uno de los más recetados en el país, también figura entre los más reportados por ausencia.

A pesar de los oficios enviados desde distintas organizaciones comunitarias, hasta la fecha no hay respuesta directa del Ministerio de Salud ni de EsSalud. La Coordinación de GIVAR advirtió que se necesita una reforma urgente del sistema de compras y distribución de medicamentos para evitar más quiebres de stock. “No podemos seguir dependiendo de que un lote llegue o no. Las vidas están en juego”, expresó Marlon Castillo, vocero de la red.

Discriminación, confidencialidad rota y partos sin atención

A la falta de medicación se suma un panorama de vulneraciones más amplio. En lo que va del año, GIVAR ha documentado 23 casos de discriminación en centros de salud. Uno de los más graves ocurrió en el Hospital Sergio Bernales, donde una mujer con VIH fue desatendida durante el trabajo de parto. Como consecuencia, su bebé fue trasladado de emergencia a una unidad de cuidados intensivos.

También se han registrado 14 denuncias por violación a la confidencialidad médica. Entre ellas, hay testimonios de personas que fueron despedidas de sus trabajos luego de que su diagnóstico fuera revelado sin consentimiento. Para GIVAR, estas situaciones reflejan que el problema no solo es estructural, sino también cultural. El estigma en los servicios de salud sigue presente, a pesar de años de campañas y normas vigentes.

En Perú, más de 90 mil personas reciben tratamiento ARV en centros del Minsa, EsSalud y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se estima que alrededor de 130 mil personas viven con VIH en el país. GIVAR, con casi 15 años de trabajo en vigilancia comunitaria, advierte que el acceso a medicamentos no puede depender de la voluntad de los gobiernos de turno, sino que debe garantizarse como un derecho básico.