Venta de pasajes al sur suspendidos por el paro minero: algunas empresas ofrecen boletos con condiciones y advertencias a pasajeros

“Todo el Perú se perjudica”. Los pasajeros en el terminal de Flores están molestos. Llevan dos días esperando llegar a Arequipa, pero la situación no mejora. Los mineros informales e ilegales mantienen, desde hace 11 días, bloqueos en puntos clave de la Panamericana Sur para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o la aprobación de una nueva Ley MAPE.

Los buses no pueden salir hacia las ciudades del sur del país, como Arequipa, Puno o Tacna, debido a la incertidumbre sobre cuánto tiempo podría durar el viaje. A pesar de ese escenario, las empresas continúan vendiendo boletos, aunque con ciertas condiciones.

Un grupo de ciudadanos venezolanos cotizó pasajes hacia Arequipa, ya que su destino final es Desaguadero. Sin embargo, en la empresa les subieron el precio del pasaje de 70 a 90 soles en cuestión de minutos, sin ofrecer ninguna explicación.

Además, les advirtieron que si los buses no partían, la fecha de salida se reprogramaría, pero no habría reembolso.

Otro pasajero, varado en Lima desde hace dos días, hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que atienda las demandas de los mineros lo antes posible.

El viajero, que llegó desde Ecuador, comentó que, según le informaron en la empresa, el incremento en el precio del pasaje se debe a un ajuste para compensar el alto costo del diésel.

Paro minero se radicaliza: ya son 11 días de bloqueos

La tensión en el sector minero informal ha escalado a nivel nacional. El anuncio del Gobierno de Dina Boluarte sobre la anulación de más de 50.000 registros en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —por haber superado el plazo de cuatro años sin formalización efectiva— provocó una ola de protestas que ya afecta carreteras en regiones clave como La Libertad, Arequipa y Cusco.

Los gremios exigen una nueva ley que prorrogue el proceso de formalización minera y flexibilice los requisitos burocráticos que —según denuncian— han frenado el avance hacia la legalidad. En su lugar, piden un marco normativo específico para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que les permita operar sin ser criminalizados.

El descontento crece a medida que más delegaciones de mineros informales se movilizan hacia Lima. Franco aseguró que esta estrategia busca presionar al Congreso para que apruebe una ley que evite el cese de miles de actividades mineras. “La solución pasa por una ley”, reiteró.

A pesar de la presión, el Ejecutivo ha defendido su decisión, afirmando que no se puede permitir que el Reinfo se utilice como una fachada para actividades ilegales y ambientalmente dañinas. Desde el Congreso, sin embargo, algunos legisladores respaldan los pedidos de los mineros e impulsan sesiones extraordinarias para debatir alternativas legislativas.

El analista Iván Arenas advierte que detrás del conflicto hay intereses políticos. Según indicó, líderes locales vinculados a Podemos Perú estarían direccionando las protestas, especialmente en zonas como Pataz, epicentro de la minería informal en La Libertad. “Tenemos básicamente un cóctel, en el que probablemente las protestas, solamente en la parte sur, se puedan poner más complejas”, alertó.

Mientras tanto, organizaciones como el colectivo Paz —ligado a Confiep— piden evitar decisiones apresuradas y priorizar el diálogo. Enfatizan que es posible equilibrar el respeto a los derechos sociales de los mineros con los estándares ambientales que el país requiere.